Alerta en Cali por reclutamiento de menores: exigen acción inmediata

La Personería de Cali respaldó la reciente Alerta Temprana 012 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, como una señal clara de urgencia frente a la creciente amenaza que enfrentan niños, niñas y adolescentes en la capital vallecaucana.

La alerta se basa en un análisis que describe cómo la convergencia del conflicto armado y la criminalidad organizada configura un escenario de riesgo extremo en múltiples zonas urbanas y rurales del distrito.

La preocupación central radica en el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales. Según el informe, esta práctica está directamente relacionada con el control de territorios clave para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Grupos como disidencias de las FARC, el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia y estructuras del crimen transnacional, entre ellos el Tren de Aragua y carteles mexicanos, operan en barrios y corregimientos de Cali donde las condiciones sociales agravan la vulnerabilidad de la población más joven.

La Personería advirtió que la niñez y la juventud son blanco directo de instrumentalización por parte de estas organizaciones, que buscan consolidar su poder a través de redes ilegales. Las comunas más afectadas incluyen la 13, 14, 15 y 21, zonas con altos índices de pobreza, desplazamiento forzado y ausencia estatal.

También se identificaron riesgos en áreas rurales como El Hormiguero, Navarro y Pance, donde estas estructuras instalaron rutas logísticas y puntos de control.

Acciones concretas

La Alerta Temprana no solo plantea una advertencia, también formula 34 recomendaciones orientadas a reducir los factores de riesgo, fortalecer las capacidades institucionales y proteger a la población civil. Como respuesta inicial, se instaló en Cali una comisión intersectorial para definir un plan de acción que evite que el documento quede en el papel.

Desde la Personería se planteó que este tipo de advertencias deben asumirse como rutas de acción para todos los niveles del Estado. La falta de inversión en seguridad, inteligencia y prevención social solo amplía el margen de maniobra de los grupos ilegales que buscan cooptar a los más jóvenes.

La articulación entre las autoridades locales y nacionales resulta clave para enfrentar una problemática que ya trasciende lo local y se conecta con dinámicas del crimen internacional.

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