Cali enfrenta una creciente llegada de víctimas del conflicto armado

La Personería de Cali reportó que durante 2024 se recibieron 7.748 declaraciones de víctimas del conflicto armado.

Esta cifra fue entregada por la Dirección Operativa del Ministerio Público, entidad encargada de la toma de testimonios en el Centro Regional de Atención a Víctimas, CRAV, ubicado en la comuna 9.

El informe, enmarcado en la Ley 1448 de 2011, también incluyó datos consolidados desde 2021 hasta febrero de 2025.

Durante ese periodo, se tomaron 27.398 declaraciones, lo que refleja una constante llegada de personas desplazadas por la violencia a la ciudad.

Solo en los dos primeros meses de 2025 se recibieron 994 testimonios.

Víctimas llegan a Cali por violencia en sus territorios

El desplazamiento forzado fue el hecho victimizante más reportado durante 2024, con un 58% de los casos.

Le siguieron las amenazas (35%), homicidios (3%), delitos sexuales (1%) y atentados terroristas (1,1%).

Valle del Cauca, Cauca y Nariño fueron los departamentos de donde provinieron la mayoría de los declarantes.

La violencia generada por grupos armados en estas zonas llevó a miles de personas a buscar protección en Cali, una ciudad que actúa como receptor clave en el suroccidente colombiano.

En 2024, las declaraciones correspondieron a un total de 18.261 personas, entre víctimas directas e indirectas.

De estas, el 33% fueron niños, niñas y adolescentes.

Además, el 63% de los testimonios fueron dados por mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar.

Asentamiento y condiciones sociales de las víctimas en Cali

Las comunas 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 21 del oriente de la ciudad concentran a la mayoría de la población víctima.

Estas zonas presentan altos índices de pobreza y vulnerabilidad, condiciones que enfrentan quienes llegan en busca de nuevas oportunidades.

En cuanto a nivel educativo, el 55% de los declarantes no terminó la secundaria, mientras que el 44% logró culminar el bachillerato.

El 71% de las personas declarantes se reconocen como afrodescendientes, el 27% sin pertenencia étnica y el 3% como indígenas.

Esta diversidad étnica también demanda enfoques diferenciados en la atención estatal.

Todas las declaraciones tomadas son remitidas a la Unidad Nacional para las Víctimas, paso que permite activar rutas de atención y reparación integral que incluyen salud, vivienda y educación.

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