Contraloría advierte desfinanciación de $30,2 billones en el Presupuesto General de la Nación 2027 y alerta por riesgos para las regalías

La desfinanciación del Presupuesto General de la Nación 2027 volvió a encender las alertas de la Contraloría General de la República.

El organismo informó que el proyecto de ley radicado ante el Congreso presenta una brecha de financiación de $30,2 billones y advirtió que el debate legislativo deberá garantizar un presupuesto respaldado por ingresos ciertos o, de lo contrario, ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal.

Además, señaló que el incremento del servicio de la deuda, el estancamiento de los recursos para inversión y funcionamiento y la reducción de los ingresos proyectados representan riesgos para las finanzas públicas y para la ejecución de proyectos en los territorios financiados con regalías.

La Contraloría explicó que esta advertencia no es nueva. El ente de control recordó que durante las discusiones de los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 también alertó sobre problemas estructurales en la financiación del Presupuesto General de la Nación.

En esas oportunidades insistió en que el presupuesto debía sustentarse en ingresos ciertos, mantener coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y fortalecer la inversión pública en lugar de reducirla.

Asimismo, recordó que durante el trámite del presupuesto de 2026 advirtió que uno de los principales riesgos era la incertidumbre sobre las fuentes de financiación, debido a que parte de los recursos dependían de una reforma tributaria que finalmente no se materializó.

También manifestó preocupación por el crecimiento sostenido de los gastos de funcionamiento frente al comportamiento esperado de la economía.

Presión fiscal

El análisis de la Contraloría indica que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 asciende a $575,699 billones, frente a los $555,818 billones del presupuesto de 2026, lo que representa un aumento de 3,6%.

Sin embargo, el mayor crecimiento corresponde al servicio de la deuda pública. Este componente pasaría de $100,450 billones a $118,041 billones, equivalente a un incremento de 17,5%.

En contraste, los recursos para funcionamiento aumentarían apenas 0,5%, al pasar de $365,897 billones a $367,698 billones, mientras que la inversión también crecería solo 0,5%, de $89,472 billones a $89,960 billones.
La Contraloría también señaló que los ingresos estimados disminuyen frente a la vigencia anterior.

Los ingresos corrientes pasarían de $337,330 billones a $325,864 billones, una reducción de 3,4%, mientras que el total de ingresos proyectados caería 0,9%, al pasar de $550,533 billones a $545,487 billones.

En cuanto a la distribución de los recursos, las mayores apropiaciones corresponden a los ministerios de Educación Nacional, con $79,03 billones; Salud y Protección Social, con $77,20 billones; y Trabajo, con $52,31 billones.

Por otra parte, las mayores reducciones presupuestales recaen sobre el Fondo Adaptación, con una disminución de 89,1%; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con 88,5 %; el Ministerio de Igualdad y Equidad, en liquidación, con 62,4%; Fonvivienda, con 58,8%; y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con 50,6%.

Riesgos para regalías

El organismo de control también advirtió sobre la situación del Sistema General de Regalías, cuya sostenibilidad financiera enfrenta riesgos por un recaudo inferior al previsto, el bloqueo de apropiaciones y la reducción de la capacidad de inversión en los territorios.

Según la Contraloría, la disminución de los recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos y minerales afectaría a 1.030 municipios, los 32 departamentos y entidades del orden nacional, al comprometer la financiación de proyectos, obras y servicios durante el segundo semestre.

La entidad añadió que este escenario también representa un riesgo para su capacidad institucional, ya que la financiación de la planta especializada encargada de vigilar los recursos del Sistema General de Regalías depende de esa misma fuente. Una reducción de esos ingresos limitaría la capacidad operativa para ejercer control fiscal.

Entre septiembre de 2022 y junio de 2026, la Contraloría informó que abrió 706 procesos de responsabilidad fiscal por más de $2,014 billones, adelantó 677 indagaciones preliminares, emitió 881 decisiones de fondo, recuperó $85.000 millones en recursos de regalías y auditó 2.028 proyectos financiados con estos recursos.

La entidad reiteró que la discusión del Presupuesto General de la Nación 2027 debe conducir a la aprobación de un presupuesto íntegramente financiado, transparente, sostenible y orientado a resultados.

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