ONU advierte que violencia contra personas defensoras de derechos humanos no cede y golpea con fuerza a Cauca y Valle

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe sobre personas defensoras de derechos humanos en Colombia que ubica al Cauca como el departamento con más homicidios entre 2022 y 2025, seguido por Valle del Cauca.

El documento analiza la persistencia de la violencia contra líderes sociales y advierte que no se logra revertir esta problemática.

El informe ofrece un balance nacional sobre las vulneraciones a los derechos de quienes ejercen liderazgo social. En ese contexto, señala que Colombia se mantiene como uno de los países con mayores riesgos para esta labor durante la última década.

Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, la Oficina documentó 410 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.

Los casos se registraron en 28 departamentos y 184 municipios, lo que evidencia la extensión del fenómeno en el territorio nacional.

Cauca y Valle concentran la mayoría de homicidios

Según el informe de ONU Derechos Humanos, el Cauca reporta 84 homicidios, la cifra más alta del país en el periodo analizado.

Esta situación refleja una alta exposición al riesgo en territorios con presencia de actores armados y disputas por el control territorial.

Valle del Cauca ocupa el segundo lugar con 37 casos, seguido por Nariño y Arauca con 36 cada uno. También se incluyen Putumayo con 34, Norte de Santander con 21 y Antioquia con 19 homicidios.

A estos se suman Bolívar con 15 casos, y Chocó y Guaviare con 14 cada uno. En conjunto, estos diez departamentos concentran el 76% de los casos documentados.

El informe identifica que las principales víctimas son liderazgos de base con alta incidencia comunitaria.

Entre ellos se encuentran autoridades indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes campesinos y dignatarios de Juntas de Acción Comunal.

Asimismo, se reportan afectaciones a mujeres defensoras, personas LGBTIQ+ y quienes defienden los derechos de niños y niñas.

Estos liderazgos cumplen funciones en la organización social, la gobernanza y los procesos territoriales.

Factores estructurales y retos institucionales

El análisis de la ONU indica que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos responde a factores estructurales persistentes.

Entre ellos se encuentran los conflictos armados en varias regiones y la participación de actores ilegales en economías ilícitas.

También se advierte sobre la débil presencia del Estado en algunos territorios, la falta de coordinación institucional y los altos niveles de impunidad frente a estos crímenes.

En cuanto a los responsables, el 73% de los homicidios se atribuye a actores armados no estatales y el 8% a organizaciones criminales. En el 11% de los casos no se identificaron responsables.

El informe explica que estos actores ejercen control social mediante amenazas, ataques y homicidios para imponer normas, disputar territorios y consolidar su presencia.

Aunque el Gobierno reconoce la problemática, mantiene diálogo con organizaciones sociales y promueve políticas de protección, el informe concluye que no se logra revertir las tendencias de violencia.

La ONU plantea la necesidad de adoptar una política integral que fortalezca la prevención, priorice la protección colectiva y mejore la articulación institucional.

También recomienda avanzar en la lucha contra la impunidad y garantizar condiciones para el ejercicio seguro de la defensa de los derechos humanos.

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