Ley de sometimiento de Abelardo de la Espriella avanza en el Congreso: conozca los beneficios y las condiciones para acogerse

La ley de sometimiento de Abelardo de la Espriella superó su primer debate en el Congreso de Colombia el miércoles 21 de octubre de 2026.

El proyecto propone rebajas de penas de hasta el 50% para integrantes de organizaciones armadas ilegales que se entreguen a la justicia y cumplan una serie de condiciones.

La iniciativa recibió el respaldo de las comisiones primeras de Senado y Cámara, que sesionaron conjuntamente debido al mensaje de urgencia del Gobierno.

La votación terminó con 21 votos favorables y uno en contra en el Senado, mientras que en la Cámara obtuvo 21 apoyos y diez votos negativos.

Ahora deberá pasar a las plenarias de ambas corporaciones.

El proyecto, identificado como 433 de 2026 Cámara y 296 de 2026 Senado, contiene 22 artículos y busca reemplazar la política de paz total por un mecanismo de sometimiento judicial.

Su propósito consiste en permitir que integrantes de estructuras criminales abandonen sus actividades y respondan ante la justicia, sin establecer negociaciones políticas con el Estado.

Rebajas de penas

Uno de los puntos centrales de la ley de sometimiento de Abelardo de la Espriella corresponde a los beneficios judiciales.

Los integrantes sin funciones de mando podrían obtener reducciones de hasta el 50% de sus condenas, mientras que quienes ocupen posiciones de mando accederían a descuentos máximos del 30%.

Para los cabecillas, el proyecto establece que la pena no podrá ser inferior a diez años.

Además, quienes busquen la libertad condicional deberán cumplir cuatro quintas partes de su condena, frente a las tres quintas partes que contempla el régimen ordinario.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que los integrantes de las organizaciones deberán comparecer ante la Fiscalía y serán juzgados por jueces ordinarios, sin tribunales especiales ni reconocimiento político.

Sin embargo, los beneficios no serán automáticos. Los solicitantes tendrán que entregar las armas, abandonar las actividades ilícitas, liberar a las personas secuestradas y entregar a los menores reclutados.

También deberán colaborar con las investigaciones, aportar información sobre desaparecidos y participar en la reparación de las víctimas.

La Fiscalía verificará los bienes entregados y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Críticas y trámite

Otro componente de la ley de sometimiento contempla beneficios para colaboradores financieros vinculados con delitos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito.

La propuesta permitiría suspender condicionalmente sus penas después de un año, siempre que entreguen bienes y asuman compromisos restaurativos.

Este punto generó cuestionamientos de la oposición, que también expresó preocupaciones sobre las reducciones de condenas, las garantías para las víctimas y los mecanismos de verificación.

Algunos congresistas señalaron la falta del concepto del Consejo de Política Criminal y del aval fiscal durante el trámite legislativo.

Por su parte, el Gobierno sostiene que el mecanismo mantendrá las investigaciones de la Fiscalía y las operaciones de la fuerza pública.

También establece que no se suspenderán órdenes de captura ni extradición y que las personas previamente capturadas no podrán acogerse.

Según la ponencia, más de 28.800 integrantes de organizaciones armadas podrían acceder al mecanismo.

Mientras tanto, el Congreso deberá continuar la discusión antes del vencimiento de las disposiciones de la Ley 418 de 1997, previsto para comienzos de noviembre.

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