Decretos de emergencia bajo la lupa: Contraloría General advierte riesgos en ejecución y control fiscal

La Contraloría General advirtió fallas en la estructuración, articulación y ejecución de los decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica expedidos por el Gobierno Nacional, tras evaluar 18 medidas adoptadas a comienzo del 2026.

Según la entidad, los decretos requieren ajustes para garantizar su correcta implementación. En ese sentido, pidió aplicar de manera precisa los lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012.

Además, indicó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres debe mantenerse como eje central en la atención de emergencias.

Esta coordinación recae en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Observaciones sobre recursos y ejecución

La Contraloría General señaló que algunos decretos contemplan la reorientación de recursos. Esta medida podría generar efectos en la financiación y continuidad de programas en ejecución.

Por ello, el organismo instó al Gobierno Nacional a garantizar que estos procesos se desarrollen con criterios técnicos y jurídicos definidos.

También pidió establecer con claridad los mecanismos de reembolso.

En relación con el recaudo, el Gobierno proyecta obtener hasta 8,68 billones de pesos mediante nuevos impuestos.

Frente a esto, la entidad solicitó soportes que expliquen la necesidad de estos recursos.

Asimismo, requirió información sobre la forma en que se distribuirán entre los sectores involucrados. Esta solicitud incluye al Ministerio de Hacienda, la UNGRD y otras entidades.

De igual forma, destacó la importancia de fortalecer la capacidad operativa de la DIAN. Esto permitiría mejorar el control sobre impuestos como el de patrimonio y juegos de azar en línea.

Riesgos y control fiscal

La Contraloría General advirtió sobre posibles riesgos en decisiones relacionadas con el sector energético. En particular, señaló que cambios sin sustento técnico podrían afectar contratos y generar impactos económicos.

También indicó que el traslado de recursos para proyectos de infraestructura eléctrica debe revisarse. Según el organismo, la UNGRD no cuenta con la estructura necesaria para ejecutar obras de alta complejidad.

Por otro lado, alertó sobre la necesidad de evitar decisiones unilaterales en temas ambientales.

Estas podrían afectar la operación de embalses y generar consecuencias en el sistema energético.

En materia de control, la entidad anunció que fortalecerá los mecanismos de vigilancia sobre el uso de los recursos. Esto incluye seguimiento a la asignación de ayudas y verificación de beneficiarios.

Además, hizo un llamado a mejorar los sistemas de información. El objetivo consiste en evitar errores, duplicidades e inconsistencias en los registros.

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