Quejas contra Nueva EPS aumentan 107% en 2025 por fallas en medicamentos y vulneración del derecho a la salud

En 2025, la Defensoría del Pueblo recibió 14.603 quejas contra Nueva EPS, lo que representó un aumento del 107 % frente al año anterior.

Las principales denuncias están relacionadas con demoras y negación en la entrega de medicamentos, afectando especialmente a pacientes de alto costo.

Esta situación llevó a la activación de los Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud, DIPSA, una estrategia que busca enfrentar las barreras de acceso en el sistema.

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se reportaron cerca de 5.000 quejas, y solo en los primeros 20 días de enero de este año se registraron más de 1.100 casos.

Estos datos reflejan un incremento crítico en los problemas que enfrentan los afiliados a esta entidad promotora de salud.

La Defensoría del Pueblo confirmó que entre 2022 y 2025 se recibieron cerca de 107.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud.

La mayoría de ellas se concentran en la falta de oportunidad y la negación de tratamientos y medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

Mesa nacional con entidades del sector

Ante este panorama, la Defensoría instaló la primera mesa nacional DIPSA con Nueva EPS en Bogotá.

El objetivo fue activar mecanismos de respuesta urgente y articular esfuerzos interinstitucionales para atender situaciones críticas.

Esta estrategia se fundamenta en el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” y en los reportes de los Puestos de Mando Unificado en salud, realizados en 17 departamentos y 20 regionales de la Defensoría.

A la jornada asistieron el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, la Contraloría, la Adres y directivos de Nueva EPS.

En el encuentro se priorizaron territorios con alto número de afiliados como Guaviare, Arauca, Chocó y Tolima.

Durante la reunión, Nueva EPS informó que ya consolidó el directorio de contactos y rutas de atención por regiones.

También se acordó un seguimiento permanente a su funcionamiento. En cuanto a pagos, se revisará el proceso con base en la propuesta de la Superintendencia y se verificará el cumplimiento financiero mediante las comisiones de moralización y mesas territoriales.

La estrategia también contempla la estabilización de los gestores farmacéuticos a través de entregas masivas de medicamentos, solución de pendientes y uso de operadores para entregas domiciliarias.

En el ámbito judicial, se priorizará el cumplimiento de acciones populares, contacto con la oficina de gestión crítica de tutelas y seguimiento a procesos de embargo.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, indicó que esta estrategia permitirá activar compromisos operativos inmediatos con las EPS.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso de proteger el derecho a la salud, especialmente en poblaciones vulnerables, e hizo un llamado a todas las instituciones del sistema para adoptar medidas urgentes.

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