La UPC en la Corte: el sistema de salud discutiendo una insuficiencia que ya es evidente

Por Carlos E. Pinzón F.

La reciente discusión entre la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud sobre la UPC dejó al descubierto una realidad incómoda: el sistema de salud colombiano sigue debatiendo si la prima del aseguramiento es suficiente, cuando la evidencia técnica muestra que, estructuralmente, ya no lo es.

Durante años, el sistema logró sostener parcialmente sus tensiones financieras mediante reservas técnicas, flexibilizaciones regulatorias, endeudamiento con prestadores y mecanismos extraordinarios de liquidez.

Pero el problema de fondo terminó alcanzando al sistema: el costo real del riesgo en salud comenzó a crecer mucho más rápido que la UPC reconocida por afiliado.

Y eso hoy ya no parece una hipótesis; parece una evidencia acumulada.

La UPC fue diseñada para financiar un sistema muy distinto al actual. Colombia envejece rápidamente, las enfermedades crónicas aumentan, el gasto farmacéutico crece de manera sostenida y las tecnologías médicas son cada vez más costosas.

A eso se suma una inflación sectorial en salud históricamente superior a la inflación general de la economía.

Sin embargo, mientras el riesgo evolucionó, la UPC creció a un ritmo insuficiente para absorber esa transformación epidemiológica y tecnológica.

Los datos recientes son contundentes. La UPC oficial para 2025 ronda los 1,52 millones de pesos por afiliado, pero algunos ejercicios actuariales estiman que el valor requerido podría acercarse a los 2,18 millones.

La diferencia —cerca de 658 mil pesos por afiliado— implica que el sistema podría estar financiando apenas alrededor del 70% del costo esperado del riesgo.

Eso significa que el problema ya no es marginal ni coyuntural. Es estructural.

Y aunque el debate público ha intentado trasladar la discusión hacia la siniestralidad o la eficiencia de las EPS, esos factores no eliminan el problema de fondo: una prima insuficiente termina generando presión financiera acumulativa sobre todo el sistema.

La siniestralidad, por supuesto, también importa. La metodología tradicional de la Superintendencia Nacional de Salud muestra una siniestralidad cercana al 102,7%, lo que indicaría que el sistema ya está gastando más de lo que ingresa.

Una metodología alternativa —la denominada “Siniestralidad PBS-UPC”, propuesta técnicamente desde el equipo de la Secretaría de Salud Pública de Cali y discutida dentro del marco metodológico del Ministerio— estima una siniestralidad cercana al 95%.

La diferencia metodológica es relevante porque muestra que parte del deterioro financiero también depende de:

reservas técnicas debilitadas, problemas de liquidez, deterioro prudencial, rezagos contables, y fallas operativas.

Pero incluso si aceptáramos la estimación más optimista de siniestralidad cercana al 95%, el problema de suficiencia sigue existiendo.

Porque una UPC puede parecer transitoriamente sostenible mientras las EPS absorben el déficit mediante cartera, reservas o retrasos en pagos. El problema es que esos mecanismos no son infinitos.

Y precisamente eso es lo que el sistema empezó a mostrar en los últimos años:

incremento de deudas con prestadores, deterioro de solvencia, intervenciones administrativas, liquidaciones,
y creciente fragilidad financiera del aseguramiento.

La eficiencia de las EPS también influye, sin duda. Algunas gestionan mejor el riesgo que otras.

Pero incluso las entidades con mejores capacidades operativas terminan enfrentando límites cuando el crecimiento del costo médico supera sistemáticamente el crecimiento de la prima.

El problema es que Colombia sigue discutiendo la UPC como si fuera únicamente una cifra política o presupuestal, cuando en realidad representa la capacidad técnica del sistema para financiar adecuadamente el derecho a la salud.

Y ahí aparece otro riesgo delicado: judicializar un debate profundamente actuarial sin una metodología consensuada y robusta.

Porque si el sistema aún no tiene claridad técnica sobre cuánto cuesta realmente el riesgo en salud, las decisiones pueden terminar moviéndose más por presión institucional o fiscal que por evidencia estructural.

La pregunta ya no debería ser si la UPC es suficiente o insuficiente. La evidencia acumulada sugiere que la UPC dejó de reconocer plenamente el costo real del sistema hace varios años.

La verdadera discusión debería ser otra: cómo corregir esa insuficiencia sin comprometer aún más la sostenibilidad financiera, la continuidad del cuidado y la estabilidad institucional del sistema de salud colombiano.

Porque la UPC no es solo una cifra. Es el límite financiero sobre el cual se sostiene —o se deteriora— todo el sistema de salud.

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