Tribunal suspende traslado de afiliados a Nueva EPS y reaviva alertas de las IPS

El traslado de afiliados entre EPS contemplado en el Decreto 182 de 2026 quedó suspendido de manera temporal tras una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La medida cautelar frena el traslado masivo de usuarios, incluido el movimiento de cerca de 2,6 millones de afiliados hacia Nueva EPS, mientras se estudia la legalidad de la norma.

La decisión judicial responde a preocupaciones sobre la capacidad del sistema para asumir el traslado de millones de usuarios.

El decreto buscaba reorganizar el aseguramiento en salud mediante el traslado de afiliados desde algunas EPS hacia otras entidades.

Con la suspensión, los afiliados permanecerán por ahora en sus aseguradoras actuales hasta que el tribunal resuelva de fondo el proceso.

Además, el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Salud deberán abstenerse de ejecutar el traslado mientras se mantiene vigente la medida.

Alertas de las IPS sobre el impacto financiero

Antes de la decisión judicial, la Unión de IPS de Colombia ya había manifestado su preocupación por el traslado de afiliados entre EPS sin que se garantizara el pago previo de las deudas pendientes con clínicas y hospitales.

El gremio señaló que muchas EPS mantienen obligaciones económicas con instituciones prestadoras de servicios de salud.

Si estas entidades abandonan ciertas regiones sin saldar esas deudas, el impacto financiero termina recayendo sobre clínicas y hospitales que ya prestaron los servicios.

Según la organización, esta situación puede afectar el flujo de recursos de las instituciones de salud y comprometer la continuidad en la atención de los pacientes.

La Unión de IPS también indicó que la reorganización del aseguramiento no debe implicar que las IPS asuman las deudas acumuladas por las EPS.

De acuerdo con el gremio, la estabilidad del sistema depende de que las clínicas y hospitales cuenten con recursos suficientes para operar.

En ese sentido, advirtieron que el traslado de afiliados entre EPS sin garantías financieras podría generar un escenario complejo para la red prestadora, especialmente en regiones donde la oferta de servicios de salud es limitada.

Solicitudes al Gobierno frente al Decreto 182

Ante este panorama, la Unión de IPS solicitó al Gobierno Nacional establecer medidas claras en la implementación del Decreto 182 de 2026.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la verificación previa de las deudas entre EPS e IPS antes de autorizar cualquier traslado de afiliados.

Asimismo, el gremio pidió la creación de planes obligatorios de pago de cartera supervisados por la Superintendencia Nacional de Salud. Estos mecanismos buscarían asegurar que las obligaciones pendientes sean atendidas.

Otra de las solicitudes incluye establecer garantías financieras que respalden las deudas existentes entre aseguradoras y prestadores de servicios.

De esta manera, las clínicas y hospitales podrían mantener la prestación de los servicios.

Además, la organización propuso que el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y las autoridades territoriales realicen un seguimiento conjunto al proceso de reorganización del aseguramiento.

Comments