Advierten riesgos para la inversión y la oferta de vivienda social ante proyecto de decreto VIS y VIP

En el marco de la discusión pública sobre el proyecto de decreto que modifica las condiciones para la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), la Cámara de Inversión Inmobiliaria de ColCapital alertó sobre los efectos que esta propuesta regulatoria podría tener en la inversión y en la futura oferta de vivienda dirigida a hogares de menores ingresos en Colombia.

Desde la perspectiva de los gestores de inversión inmobiliaria, la iniciativa introduce cambios que alteran las condiciones bajo las cuales se estructuran financieramente los proyectos de vivienda social.

En particular, la fijación de topes rígidos y la eliminación de mecanismos de actualización de precios trasladan al inversionista la totalidad de los riesgos asociados a las variaciones en los costos de construcción, el suelo y los materiales durante el desarrollo de los proyectos.

De acuerdo con el gremio, esta situación genera incertidumbre sobre la sostenibilidad económica de la vivienda VIS y VIP, un segmento que históricamente ha operado con márgenes ajustados y que depende en gran medida de la estabilidad regulatoria para atraer capital de largo plazo.

“Desindexar el salario mínimo del precio de la vivienda VIS cambia de manera importante las condiciones bajo las cuales se estructuran estos proyectos. Cuando el precio queda fijo desde etapas tempranas, pero los costos continúan variando durante el desarrollo, la viabilidad financiera se reduce y se afectan los incentivos para invertir en este tipo de activos. En el mediano plazo, esto puede traducirse en menos proyectos y en una menor oferta de vivienda formal para los hogares que más la necesitan”, afirmó Daniela Sotello, gerente de la Cámara de Inversión Inmobiliaria de ColCapital.

Reglas claras

Los proyectos de vivienda social suelen desarrollarse en ciclos de varios años, desde la adquisición del suelo hasta la entrega de las unidades.

Por esta razón, contar con reglas claras y mecanismos de actualización que permitan absorber cambios en variables macroeconómicas resulta fundamental para mantener el interés de los inversionistas en este tipo de activos.

La organización también señaló que la ausencia de un régimen de transición para proyectos en curso podría afectar desarrollos que ya cuentan con licencias, suelo adquirido o preventas iniciadas, introduciendo un nivel adicional de incertidumbre para los actores que participan en el financiamiento y desarrollo de vivienda social.

Asimismo, la unificación del tope en 135 SMMLV desconoce la diversidad de costos y condiciones del mercado inmobiliario entre territorios, al tratar por igual realidades urbanas y regionales muy distintas, lo que puede afectar la viabilidad de los proyectos de vivienda.

En este contexto, la entidad hace un llamado a que el debate regulatorio tenga en cuenta el papel que cumple la inversión privada en el desarrollo de vivienda de interés social en el país.

Mantener condiciones que permitan la participación de capital institucional y gestores especializados es clave para garantizar la sostenibilidad de este segmento y ampliar la oferta formal de vivienda para los hogares de menores ingresos.

Finalmente, reitera su disposición a contribuir técnicamente en la discusión pública sobre esta iniciativa, con el objetivo de promover un marco regulatorio que proteja el acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, preserve los incentivos necesarios para que el capital continúe financiando este tipo de proyectos en el país.

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