Deuda pública de Colombia podría llegar hasta el 82% del PIB en 2030

Colombia enfrenta una decisión que podría determinar la sostenibilidad de sus finanzas públicas durante los próximos años.

La aprobación, modificación o rechazo de la Ley de Rescate Económico tendría consecuencias directas sobre el endeudamiento del país, el costo de conseguir recursos en los mercados internacionales y la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones.

Así lo advierte un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que evaluó seis escenarios de aplicación del Proyecto de Ley 477 de 2026, presentado al Congreso el pasado 29 de octubre.

Según sus estimaciones, si la reforma no se aprueba o únicamente se adoptan medidas de reducción del gasto, la deuda neta del Gobierno podría alcanzar entre el 76 % y el 82 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030.

Esto significaría superar desde 2029 el límite del 71 % establecido en la regla fiscal.

Recortar gastos no sería suficiente

El informe reconoce la necesidad de reducir los gastos del Estado, pero advierte que medidas como disminuir la nómina pública y los contratos por prestación de servicios no resolverían por sí solas el desequilibrio.

En los escenarios que contemplan exclusivamente recortes, el Gobierno seguiría gastando entre 2,8 % y 3,4 % del PIB más de lo que recibe, antes del pago de intereses.

Sin ninguna reforma, ese déficit primario alcanzaría el 4,4 % del PIB.

El problema también se refleja en el servicio de la deuda.

Actualmente, según el diagnóstico gubernamental citado por ANIF, uno de cada tres pesos recaudados por impuestos se destina a pagar deuda, mientras que hace diez años esa proporción era de uno de cada seis.

Los mercados cobrarían intereses más altos

La falta de un ajuste suficiente también afectaría la percepción de riesgo de Colombia entre los inversionistas.

ANIF calcula que, en los escenarios sin aumento de ingresos, el indicador de riesgo crediticio CDS a cinco años podría pasar de 155 puntos básicos a niveles entre 196 y 277 puntos.

Esto implicaría que los nuevos préstamos al Gobierno podrían resultar entre 95 y 176 puntos básicos más costosos que bajo el escenario de aprobación integral de la reforma.

¿Qué ocurriría si se aprueba toda la ley?

Según ANIF, la aprobación completa permitiría reducir la deuda neta al 64 % del PIB en 2030 y alcanzar un superávit primario equivalente al 0,3 % del PIB.

Además, las obligaciones por intereses, pensiones y transferencias a departamentos y municipios consumirían el 84 % del recaudo tributario.

En contraste, sin un ajuste suficiente, estos compromisos podrían representar entre el 104 % y el 108 % de los ingresos tributarios.

Una alternativa intermedia, que excluya la ampliación del IVA y su mecanismo de devolución, dejaría la deuda en el 67 % del PIB y las obligaciones fijas en el 91 % del recaudo.

El debate no es solamente sobre nuevos impuestos

Para ANIF, el Congreso puede modificar la composición de la reforma, pero cualquier medida eliminada debería reemplazarse por otra con un impacto fiscal equivalente.

La entidad advierte que incluso con la aprobación integral, la deuda permanecería por encima del ancla fiscal del 55 % del PIB, por lo que el esfuerzo tendría que continuar después de 2030.

La conclusión es que aplazar el ajuste no eliminaría sus costos: podría obligar a realizar recortes más drásticos en el futuro, con mayores consecuencias para la economía y especialmente para los hogares vulnerables.

Fuente: análisis de ANIF sobre seis escenarios de la Ley de Rescate Económico. Las cifras para 2029 y 2030 son proyecciones, no resultados observados.

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