Ley de Rescate Económico cambiaría impuestos, IVA y gasto público

Colombia enfrenta uno de los desafíos fiscales más complejos de las últimas décadas.

El crecimiento del gasto público, las necesidades de financiación y el riesgo de un mayor endeudamiento han llevado al Gobierno nacional a presentar la Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca reorganizar las finanzas del Estado, aumentar los ingresos y evitar un deterioro de la estabilidad económica del país.

De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), la ausencia de medidas correctivas podría llevar el déficit fiscal al 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, una cifra que no se registra desde hace más de 30 años.

El proyecto plantea un ajuste que tendría un impacto equivalente al 2,35% del PIB en 2027 y alcanzaría el 4,09% en 2030.

Para conseguirlo, combina reducción del gasto estatal, mayores ingresos tributarios, incentivos a la inversión y fortalecimiento de los mecanismos de control fiscal.

Menos gastos y cambios en la financiación de la salud

Uno de los componentes centrales es la reducción del tamaño y los costos de funcionamiento del Estado.

La propuesta contempla disminuir en un 20% el gasto de personal de las entidades nacionales durante 2028, con excepción de la Fuerza Pública.

También plantea recortar en un 50% el costo de los contratos por prestación de servicios entre 2026 y 2027, además de revisar transferencias y eliminar gastos considerados duplicados o ineficientes.

En materia de salud, el Gobierno propone modificar las exoneraciones de aportes empresariales y aumentar progresivamente las cotizaciones de trabajadores con mayores ingresos.

Parte de los recursos que actualmente reciben las cajas de compensación familiar también se trasladaría a la financiación del sistema sanitario.

Estas medidas buscan disminuir la dependencia de la salud frente al Presupuesto General de la Nación.

El IVA tendría cambios importantes

Uno de los aspectos más sensibles para los consumidores es la transformación del impuesto al valor agregado.

El proyecto contempla que la mayoría de los productos actualmente gravados con una tarifa del 5% pasen al 19%, aunque mantendría sin IVA bienes y servicios esenciales, como alimentos básicos, medicamentos, salud, educación, servicios públicos, arrendamiento de vivienda y transporte público.

Para compensar el impacto sobre los hogares de menores ingresos, se crearía EfectIVA, un mecanismo que devolvería parte o la totalidad del impuesto al 68% de la población, equivalente a más de 35 millones de personas.

Los hogares más vulnerables recibirían una devolución del 100%, mientras otros grupos obtendrían reintegros del 50%, 40% o 30%, según sus ingresos.

El mecanismo comenzaría en enero de 2028, con devoluciones quincenales.

Empresas pagarían menos impuestos

La iniciativa también busca estimular la inversión privada mediante una reducción gradual del impuesto de renta empresarial, que pasaría del 35% actual al 33% en 2027 y al 31% desde 2028.

Adicionalmente, propone beneficios tributarios para grandes inversiones en infraestructura, energía, industria, agroindustria, turismo y economía digital.

Sin embargo, se advierte que estas medidas implicarían menores ingresos tributarios y que el proyecto incorpora nuevos impuestos que no se anticipaban inicialmente.

El costo de no hacer nada

Para Anif, el debate debe superar la aprobación o el rechazo de medidas individuales.

Sin un ajuste cercano a $43 billones en 2027, las necesidades de financiación del Gobierno podrían aproximarse a $200 billones.

Además, la deuda pública superaría el 70% del PIB desde 2028, elevando las presiones sobre las tasas de interés y comprometiendo los recursos disponibles para atender obligaciones sociales.

El centro de estudios considera que varias propuestas avanzan en la dirección correcta, pero insiste en la necesidad de perfeccionarlas mediante acuerdos con el Congreso.

El desafío será equilibrar las cuentas públicas sin frenar el crecimiento económico ni trasladar una carga excesiva a los hogares colombianos.

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