Reforma laboral: una apuesta en curso que tensiona el tejido empresarial

Mientras el desempleo continúa descendiendo y algunos sectores muestran signos de recuperación, Colombia avanza hacia una reforma laboral que promete ser uno de los mayores remezones para el ecosistema empresarial del país.

El debate no es nuevo, pero ahora se encuentra en su punto más álgido tras la aprobación en tercer debate en el Senado.

El articulado, respaldado por el Gobierno, contempla cambios profundos en las modalidades de contratación, la jornada laboral, y los recargos dominicales y festivos.

Para José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la reforma, tal como está planteada, ignora las particularidades de un mercado laboral históricamente caracterizado por la informalidad y la baja productividad.

“Estamos frente a un escenario donde más del 60% de los trabajadores gana hasta un salario mínimo, y más del 40% trabaja por cuenta propia con altísima informalidad”, advierte López.

Las cifras del primer trimestre de 2025 son elocuentes: mientras sectores como el comercio y el alojamiento impulsaron la generación de empleo, más del 70% de esos nuevos empleos fueron informales.

La iniciativa legislativa, entre otras cosas, propone que el contrato a término indefinido sea la regla general, limita la prórroga de contratos temporales a cinco años, y redefine la jornada diurna acortándola hasta las 7:00 p.m.

Esto último implica que gran parte del trabajo actualmente considerado diurno pase a considerarse nocturno, con el consecuente aumento de recargos.

También se eleva el pago por trabajo en domingos y festivos al 100%, lo que incrementará en más del 6,4% los costos laborales para empresas de servicios continuos.

Este escenario genera preocupación no solo por el aumento en costos, sino por su efecto directo sobre la formalización laboral.

“La reforma puede destruir hasta 140.000 empleos formales, sobre todo en sectores vulnerables como comercio, restaurantes, transporte y actividades culturales”, sostuvo López en un reciente taller con periodistas económicos.

ANIF calcula que el incremento en el costo laboral por trabajador oscilaría entre 6,4% y 8%, dependiendo del tipo de jornada.

Daniel Escobar, estratega de Fiduoccidente, advierte que los efectos de la reforma podrían tener implicaciones fiscales y macroeconómicas.

“No hay forma de fortalecer el mercado laboral sin atender su informalidad estructural”, señala.

Escobar agrega que el 90% del sector empresarial colombiano está compuesto por microempresas, con limitada capacidad para absorber los incrementos de costos que plantea el nuevo articulado.

Para estas unidades productivas, muchas de las nuevas disposiciones no son aplicables ni sostenibles, por lo que podrían optar por mantenerse fuera del sistema formal.

Desde el punto de vista jurídico, el abogado laboralista Charles Chapman expuso que algunos cambios pueden vulnerar principios de flexibilidad laboral.

El establecimiento rígido de ciertas condiciones contractuales puede generar un ambiente adverso para el dinamismo económico, en momentos en que el país requiere atraer inversión privada y promover el emprendimiento.

A su juicio, más que imponer restricciones generales, la ley debería fomentar esquemas de formalización progresiva, especialmente en zonas rurales y sectores de baja productividad.

Más allá del marco jurídico y los efectos macroeconómicos, los datos sociales también son preocupantes.

La reforma no parece abordar de manera efectiva la inclusión laboral de jóvenes y mujeres, dos de los grupos con mayores tasas de desempleo.

Según ANIF, el 64,5% de los jóvenes entre 15 y 28 años no participa activamente en el mercado laboral, y solo una de cada dos mujeres está empleada.

Para un país que aspira a cerrar brechas y expandir su base productiva, ignorar estos segmentos es una omisión estratégica.

A pesar de los riesgos señalados, los expertos coinciden en que una reforma es necesaria.

La rigidez de la actual legislación, que se remonta en gran parte a los años noventa, no se adapta a la realidad de un mundo digital, de empleos flexibles y economías colaborativas.

No obstante, para que sea eficaz, debe partir del reconocimiento de las características reales del empleo en Colombia: alta informalidad, heterogeneidad empresarial, y baja productividad regional.

En palabras de José Ignacio López, “una reforma laboral ideal debería articular programas de formación con las necesidades del mercado, promover la inclusión de poblaciones con baja inserción, e integrar evaluaciones periódicas para hacer ajustes cuando sea necesario”.

Por ahora, mientras el proyecto sigue su curso en el Congreso, el sector empresarial, los analistas económicos y los juristas se mantienen en alerta.

Porque más allá del articulado, lo que está en juego es el futuro del trabajo en Colombia, su sostenibilidad, y la posibilidad real de construir un mercado laboral más justo, competitivo e inclusivo.

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