Cali no puede repetir la historia de El Cartucho

Recuperar El Calvario era una intervención necesaria y largamente aplazada.

Durante años, este sector del centro de Cali se convirtió en expresión del abandono institucional, la marginalidad, el microtráfico y el deterioro urbano.

Sin embargo, una pregunta comienza a cobrar fuerza: ¿estamos solucionando el problema o simplemente trasladándolo a otros barrios de la ciudad?

La Operación Cristo Rey, iniciada con una importante movilización institucional y con la presencia del propio presidente Abelardo De La Espriella en su primera jornada, despertó expectativas sobre la recuperación de un territorio que parecía haber quedado fuera del control efectivo del Estado.

Pero las intervenciones de seguridad no pueden medirse únicamente por el impacto de sus primeras imágenes. Su verdadero éxito se determina por lo que ocurre después, cuando las cámaras se retiran y aparecen las consecuencias de las decisiones adoptadas.

Hoy comienzan a surgir preocupaciones sobre el desplazamiento de personas en situación de calle hacia diferentes sectores de Cali.

Barrios como Chipichape, Vipasa, Prados del Norte, La Flora y La Merced, en el norte; así como El Refugio, Limonar, Tequendama y Pampalinda, en el sur, figuran entre las zonas donde se advierte una mayor presencia de esta población.

Aunque será necesario establecer técnicamente la magnitud del fenómeno y su relación directa con la intervención, las señales merecen atención inmediata.

Y es que Cali no puede darse el lujo de repetir los errores de Bogotá.

La intervención de El Cartucho, a comienzos de este siglo, permitió recuperar un espacio urbano profundamente deteriorado, pero no resolvió las estructuras sociales y criminales que allí operaban.

Parte de esas dinámicas terminó trasladándose al Bronx y posteriormente a otros sectores de la capital, multiplicando las dificultades para enfrentarlas.

La lección es contundente: cuando se interviene un territorio sin transformar las condiciones que alimentan su problemática, esta puede dispersarse, reorganizarse y adquirir dimensiones todavía más complejas.

No basta con desalojar una calle si terminamos trasladando sus problemas a diez barrios.

Por supuesto, la presencia de personas en situación de calle no puede confundirse automáticamente con delincuencia.

Hablamos de seres humanos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, consumo problemático, trastornos de salud mental, rupturas familiares y exclusión social.

Pero tampoco podemos desconocer las afectaciones a la convivencia, al espacio público y a la seguridad que pueden presentarse cuando estas realidades permanecen sin atención institucional.

Ambas dimensiones requieren respuestas diferenciadas, pero simultáneas.

La Alcaldía de Cali ha anunciado acciones de atención social dentro de la operación.

Es un punto de partida, pero la pregunta es si existe capacidad suficiente para garantizar continuidad, seguimiento individualizado, atención en salud, rehabilitación voluntaria, alternativas habitacionales y procesos reales de reintegración.

Porque una jornada asistencial no equivale a una política pública efectiva.

Se necesita reforzar inmediatamente la presencia institucional en los sectores receptores, identificar las nuevas dinámicas territoriales y actuar preventivamente contra posibles redes de microtráfico que intenten aprovechar esta dispersión.

También resulta indispensable reconocer que estamos ante una problemática estructural que diferentes administraciones municipales no han logrado resolver satisfactoriamente.

No nació con esta intervención ni desaparecerá mediante operativos aislados.

Y aquí cabe una advertencia política.

Sería profundamente irresponsable convertir esta situación en otro escenario de confrontación electoral.

La oposición tiene derecho a cuestionar y ejercer control, así como la administración tiene la obligación de responder con resultados verificables.

Pero utilizar la vulnerabilidad humana como munición política solamente dificultará las soluciones que Cali necesita.

La ciudad requiere menos protagonismo político y más coordinación institucional.

El llamado a la Alcaldía es urgente: redoblar esfuerzos, anticiparse a la dispersión y evitar que el problema termine desbordando nuevos sectores de Cali.

Recuperar El Calvario puede representar un avance importante.

Pero si para hacerlo terminamos extendiendo su problemática por toda la ciudad, habremos cambiado el mapa del problema, no su realidad.

Porque recuperar un territorio no puede significar abandonar a su población ni trasladar la crisis a sus vecinos y tenemos un espejo en Bogotá, porque la experiencia de “el carturcho” no puede ser la “crónica de una muerte anunciada” en relación con “el calvario”.

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