¿Desplazados o rescatados? El dilema de El Calvario

Durante años, el centro de Cali tuvo una frontera que nadie dibujó en un mapa, pero que todos respetaban.

Entre las calles 12 y 15, El Calvario y San Pascual eran territorio de ollas, de bandas de microtráfico y de una regla no escrita: ahí el Estado no entra. Esa frontera empezó a romperse la madrugada del 24 de septiembre, cuando más de 1.200 uniformados entraron a seis comunas, el centro entre ellas, con la Operación Iron. Hubo 80 capturas y siete estructuras desarticuladas.

Lo que apareció detrás de algunas puertas explica por qué intervenir no era opcional.

Según el alcalde Alejandro Eder, se encontraron 11 niñas indígenas presuntamente retenidas y obligadas a “actos indebidos”, cuatro mujeres rescatadas de un hombre que las abusaba y dos niños, de ocho y diez años, solos en una vivienda fumando bazuco. Todo debate sobre el centro empieza ahí. Dejar las cosas como estaban también era una decisión, y la pagaban los más indefensos.

Por eso cuesta entender la denuncia penal que anunció el abogado Elmer Montaña contra Eder por presunto desplazamiento forzado.

Está en su derecho; la Fiscalía decidirá. Pero el artículo 180 del Código Penal castiga a quien, “de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos”, obligue a una población a cambiar de residencia.

Y aclara que no es desplazamiento el movimiento que realice la fuerza pública “cuando tenga por objeto la seguridad de la población”.

Desmontar expendios donde había niños consumiendo droga difícilmente cabe en esa figura.

El contexto tampoco ayuda. Montaña fue precandidato del Pacto Histórico a la Alcaldía en 2023 y aspirante sin éxito a la Cámara por la Alianza Verde en marzo.

Nada de eso lo inhabilita para opinar.

Pero a un año de las elecciones locales, convertir una política de seguridad en un expediente penal contra el alcalde tiene más de tribuna que de tribunal; ni hablar del “estás muy linda Juanita” supremamente bajo y fuera de contexto. Su choque con la secretaria Juana Eloísa Cataño, que terminó en denuncias cruzadas, confirma que la discusión ya se está jugando en ese terreno, y no debe ser.

Sería un error, sin embargo, despachar con la denuncia la preocupación que la acompaña.

El propio Montaña dice apoyar el proyecto Ciudad Paraíso y reclama que la gestión social debió llegar primero.

La inquietud que deja no es jurídica, es humana: a dónde se fue la gente.

Los vecinos de San Bosco, Alameda, Bretaña, Junín y San Fernando Viejo ya tienen la respuesta: antejardines ocupados, consumo a plena calle, basura revuelta.

Alrededor del colegio Antonio José Camacho, padres y estudiantes protestaron después de que se robaran las letras de bronce de la fachada.

Es el viejo efecto globo: se aprieta en un punto y el problema se infla en otro. Bogotá lo aprendió con El Cartucho, cuyo final alimentó el Bronx.

La Alcaldía caracterizó a unas 750 personas en situación de calle en el centro y atiende a 450 con alimentación, dormitorio y apoyo psicosocial, y anunció el traslado de hasta 300 casos críticos a sitios de larga estancia.

Pero entre 750 y 450 quedan 300 personas que no desaparecen: duermen en algún andén de la Comuna 9.

Ahí está el verdadero examen para Eder, y no se lo pondrá un juez, sino el tiempo.

La fase de los fusiles era la más fácil. La difícil es la que viene: sostener la oferta social cuando se apaguen las cámaras, demoler las 23 estructuras identificadas sin dejar a nadie a la intemperie, impedir que los niños rescatados terminen en otra olla y medir el éxito no solo en homicidios evitados, sino en personas que salen de la calle.

Recuperar el centro era necesario. Recuperar a quienes lo habitaban es lo que convertirá un operativo exitoso en una política pública.

Cali ya demostró que puede ganar la calle con patrullas y retroexcavadoras. ¿Será capaz de ganar también a las 300 personas que esta noche duermen en el andén de al lado.

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