El campus universitario de Univalle no es una república independiente

La autonomía universitaria protege la libertad de pensar, no a quienes cometen delitos.

El 10 de junio de 2026, una niña de tres años que iba con su abuela por el sur de Cali quedó aturdida cuando una papa bomba impactó contra el vehículo.

No participaba en ninguna protesta. Solo pasaba por ahí.

Según el rector de la Universidad del Valle, los disturbios en sus inmediaciones ocurren al menos desde 1986.

En 2025 hubo al menos 15 eventos y el MIO operó con alteraciones durante cerca de 185 horas.

Durante más de diez meses investigamos por qué persiste. El hallazgo más grave: la Policía reporta una sola captura, en mayo de 2026, y la persona quedó en libertad mientras avanza la investigación.

Tampoco existe un análisis criminal que permita rastrear patrones y causas.

Sin investigación no hay consecuencias, y sin consecuencias el problema se repite.

Parte de la explicación está en una idea equivocada que se repite hace décadas: que el campus es una república independiente donde el Estado no puede actuar.

Es falso. La autonomía universitaria protege la libertad de pensar, investigar y enseñar; no crea un territorio por fuera de la ley.

El Código de Policía permite el ingreso de la fuerza pública en casos de flagrancia o imperiosa necesidad, y la Corte Constitucional dijo que la protesta no ampara la violencia.

Las instituciones no aplican la norma igual.

La Universidad nos respondió que la autonomía “no es un derecho absoluto frente al deber del Estado de proteger la vida”.

La Policía respondió que su ingreso “se encuentra condicionado” por esa autonomía.

Una dice que se puede; la otra, que depende. En ese vacío, nadie decide y lo aprovechan los violentos.

Univalle es una de las mejores universidades públicas del país.

Sus estudiantes son las principales víctimas de los capuchos, y defenderlos es defender su derecho a pensar distinto. La protesta pacífica es un derecho; la violencia, no.

Por eso entregaremos a la Alcaldía, la Gobernación, la Universidad y el Gobierno Nacional siete recomendaciones: entre ellas, un protocolo interinstitucional que defina quién actúa, cuándo y cómo; una mesa permanente de prevención, y un sistema público de indicadores.

Desde el Concejo haremos seguimiento con debates de control político con la Administración Distrital, Univalle y la Policía. Se lo debemos a los estudiantes, vecinos y comerciantes del sur, que llevan décadas pagando el costo.

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