El Valle del Cauca: Un paciente en cuidados intensivos

La crisis de salud en el Valle del Cauca ha alcanzado niveles insostenibles, dejando en evidencia las profundas fallas estructurales del sistema. Con un incremento del 33% en la deuda de las EPS con la red pública y el 70% de la población bajo EPS intervenidas, la región enfrenta un colapso sanitario que pone en riesgo la vida de miles de vallecaucanos.
El problema no es nuevo. Durante años, las EPS han acumulado deudas millonarias con los hospitales, llevándolos al borde de la quiebra. La reciente intervención de la EPS SOS, sumada a la crisis de otras aseguradoras, ha generado incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía. Los pacientes deben esperar meses para acceder a tratamientos, y la falta de medicamentos esenciales ha desatado protestas en Cali y otras ciudades. ¿Cómo es posible que, en un país que consagra la salud como un derecho fundamental, miles de personas deban peregrinar en busca de una pastilla para sobrevivir?

Sin embargo, en medio de esta crisis, se ha insertado un discurso manipulador que pretende culpar de todos los males al sistema de salud derivado de la Ley 100 de 1993. Si bien este modelo no es perfecto y requiere ajustes urgentes, es innegable que ha permitido la cobertura mayoritaria de la población, un logro que no se puede desconocer. El problema no es la existencia del sistema de aseguramiento, sino la mala gestión, el abuso de algunos actores y la falta de control estatal sobre el manejo de los recursos.
Es preocupante ver cómo ciertos sectores han aprovechado la crisis para desinformar, vendiendo la idea de que la solución es desmantelar el actual sistema, sin presentar una alternativa viable. En lugar de caer en discursos simplistas, el debate debería centrarse en cómo corregir los fallos del sistema sin poner en riesgo la atención de millones de colombianos.
La crisis no solo es financiera, sino también de gestión. La incapacidad del Gobierno para garantizar el suministro de medicamentos y evitar la quiebra de hospitales demuestra una preocupante falta de planificación y control. Mientras tanto, los más afectados son los ciudadanos, quienes ven cómo su derecho a la salud se convierte en una moneda de cambio en disputas políticas y burocráticas.

Es urgente una intervención real y efectiva. No basta con intervenir EPS sin una estrategia clara para garantizar la atención de los pacientes. Se necesita una reforma que priorice el bienestar de los usuarios, asegure el pago oportuno a los hospitales y garantice el acceso a los medicamentos esenciales.

El Valle del Cauca no puede seguir en cuidados intensivos. Si no se toman medidas inmediatas, pronto estaremos lamentando más que números y porcentajes: estaremos contando vidas perdidas.

Comments