Estallido terrorista

El Valle del Cauca sigue cargando una herida que no termina de cerrar. Hoy se cumplen cinco años del inicio de un evento que nos marcó a todos: el llamado “estallido social”.

Y ocurre en un momento inquietante, en medio de una nueva ola de ataques violentos en el suroccidente del país.

El estallido social dejó imágenes difíciles de olvidar: jóvenes en las calles, indignación acumulada, reclamos por falta de oportunidades y un país que no supo escuchar a tiempo.

Fue una bomba de tiempo que estalló tras años de frustración. Negar ese componente social sería un error.

Pero también sería un error no decir lo otro. Esa indignación no fue completamente espontánea. Fue impulsada, amplificada y, en muchos casos, rápidamente instrumentalizada.

Lo que empezó como protesta derivó en violencia sistemática, bloqueos prolongados, control ilegal de corredores y afectaciones profundas a la vida cotidiana. El Valle y el Cauca fueron los epicentros de ese desbordamiento.

Durante semanas, el Estado perdió control en zonas clave. Los corredores logísticos fueron bloqueados, el abastecimiento nacional se vio afectado y sectores productivos enteros quedaron paralizados.

En ese escenario, estructuras criminales aprovecharon el caos para moverse con mayor libertad, fortalecer sus economías ilegales y expandir su control territorial.

El costo fue enorme. En vidas, en empleo, en confianza y en tejido social.

Pero también hubo una respuesta distinta. Desde el Valle surgieron iniciativas como Compromiso Valle, que demostraron que era posible escucharse y luego canalizar la indignación hacia soluciones reales: empleo, formación, inclusión y oportunidades.

Mientras algunos apostaban por el caos, otros decidieron reconstruir. El Valle demostró una vez más su capacidad de resiliencia.

Cinco años después, el riesgo es olvidar esas lecciones. Hoy vemos una secuencia de hechos coordinados que recuerda, en su lógica de presión territorial y afectación simultánea, lo que el país vivió entonces.

Los hechos lamentables de esta semana en el suroccidente del país —muertes, ataques simultáneos, uso de explosivos, acciones coordinadas en distintos municipios, atentados en corredores estratégicos— esta vez no responden a una movilización ciudadana.

Responden a una lógica distinta: generar miedo, desestabilizar territorios y desafiar al Estado. Y hay un agravante adicional: una mayor presencia y capacidad de estructuras criminales organizadas.

La llamada “paz total” terminó generando espacios de expansión para los grupos armados. Se suspendieron operaciones sin resultados concretos, se establecieron ceses al fuego sin control efectivo y las organizaciones criminales aprovecharon ese margen para reorganizarse, fortalecerse y expandirse.

El resultado es lo que hoy estamos viendo: un estallido terrorista. Y hay que decirlo con claridad.

Cuando ocurren este tipo de acciones coordinadas, no se trata solo de retaliaciones o confrontaciones aisladas. Muchas veces son señales de algo más profundo.

Así como estos grupos aprovecharon el estallido cuando la Fuerza Pública estaba concentrada en contener la movilización, hoy se observan movimientos estratégicos: reacomodar operaciones, definir disputas territoriales, mover cargamentos o trasladar personas clave.

Lo grave es que, más allá de las interpretaciones, es evidente que el Estado ha perdido capacidad de anticipación e inteligencia frente a estas dinámicas.

Hoy estas estructuras tienen mayor control territorial, más capacidad de coordinación y un nivel de operación más sofisticado.

Por eso no debemos caer en la trampa. Cali y el Valle no pueden volver a ser utilizados como escenario de polarización ni como plataforma para que estructuras criminales se camuflen en medio de la indignación social. Ya lo vivimos. Y el costo fue demasiado alto.

Hoy, frente a lo que está ocurriendo, más que nunca se necesita una posición clara.

Resulta preocupante que, en lugar de reconocer la gravedad de los hechos, algunos sectores políticos intenten desviar la atención, buscando explicaciones forzadas o culpables convenientes.

Se ha llegado incluso a insinuar que estos hechos responden a intereses electorales o a montajes, minimizando el impacto real que están teniendo sobre la población.

Esa narrativa no solo es equivocada. Es profundamente irresponsable e indignante. Cuando hay ataques, muertos y territorios bajo presión, lo mínimo que se espera es claridad, no confusión.

Lo mínimo es rechazar sin ambigüedades la violencia, no relativizarla.

El Valle ya hizo su parte. Resistió, se reorganizó y buscó salidas. Hoy le corresponde al país no repetir los errores y entender el papel que juega nuestra región en el escenario nacional.

Lo que pase en el Valle puede tener repercusiones nacionales.

Por eso todos debemos arropar a las instituciones, exigir resultados y entender que vivir sin miedo es una condición básica para la vida en sociedad, que la paz no puede ser impunidad y que la seguridad no es guerra.

Cuando la violencia se disfraza de causa, destruye cualquier posibilidad de cambio real. El Valle ya pagó ese precio una vez. No puede volver a pagarlo.

@edwinhmaldonado

Comments