Gratuidad educativa sin financiación: la brecha que estamos ignorando

En Cali, la educación pública vive una tensión que no podemos seguir maquillando. Por un lado, el Gobierno Nacional impulsa la gratuidad, una política necesaria y socialmente justa.

Por otro lado, en los territorios —y Cali no es la excepción— los recursos no alcanzan, y la brecha entre la promesa y la capacidad real del sistema empieza a sentirse en las aulas, en los docentes y en la calidad del servicio.

Desde la experiencia de haber trabajado en el sector público de la ciudad, puedo decir con claridad que la gratuidad no es gratis.

Cada estudiante adicional requiere maestros, infraestructura, alimentación, transporte, conectividad y acompañamiento pedagógico.

Detrás de cada cupo nuevo hay un aula que debe sostenerse todos los días, un docente que no puede multiplicarse y una institución que hace malabares para responder con lo que tiene.

Si el énfasis se pone solo en ampliar cobertura sin fortalecer la financiación, se genera una presión silenciosa sobre los sistemas educativos locales.

En Cali, la educación oficial enfrenta tres problemas estructurales: la rigidez del Sistema General de Participaciones, que crece menos que las necesidades reales; el aumento constante de costos —nómina, servicios, mantenimiento, alimentación, conectividad—; y la acumulación de nuevas responsabilidades sin una fuente clara de recursos, especialmente en educación superior y formación técnica.

Cuando las transferencias no son suficientes ni predecibles, las instituciones entran en lógica de supervivencia: grupos más grandes, menos innovación, retrasos en mantenimiento y sobrecarga administrativa.

El resultado es claro: se resiente la calidad.

Gratuidad sin calidad no cierra la brecha.

Ser críticos con la implementación no es oponerse a la política. Defender la educación pública implica reconocer que la gratuidad por sí sola no garantiza igualdad de oportunidades.

Si un estudiante accede sin pagar, pero encuentra instituciones debilitadas y pocas rutas hacia el mundo laboral, la movilidad social se queda a mitad de camino.

En Cali esto se refleja en una cadena incompleta: básica, media y superior no conversan lo suficiente.

Muchos jóvenes terminan el colegio sin rutas claras hacia la educación técnica o universitaria, y cuando ingresan, abandonan por costos indirectos como transporte, tiempo o necesidad de trabajar. La matrícula gratuita no resuelve esos factores.

El mayor riesgo es discutir gratuidad sin discutir sostenibilidad. Y que los gobiernos locales quedemos atrapados entre la expectativa ciudadana y la capacidad fiscal limitada. En educación, los déficits se pagan durante décadas.

Por eso el debate debe madurar. No se trata de si la gratuidad es buena o mala, sino de cómo la financiamos bien, cómo fortalecemos las secretarías de educación y cómo garantizamos infraestructura digna y formación docente continua.

Además, es momento de abrir discusiones concretas: revisar la fórmula de crecimiento del Sistema General de Participaciones para educación urbana, crear fondos de cofinanciación para infraestructura y tecnología, y establecer apoyos diferenciales para ciudades con mayor presión de matrícula.

Ha llegado la hora de alinear discurso y presupuesto. La educación pública necesita financiación estructural, reglas claras y mirada territorial. Gratuidad, sí.

Pero con calidad, con recursos y con responsabilidad fiscal. Porque cuando el Estado promete sin respaldar, la frustración no se queda en el papel: se siente en el aula, en el docente agotado y en el joven que abandona.

Comments