La crisis explícita de la salud

Edwin Maldonado

La salud en Colombia atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Para encontrar una situación de semejante magnitud habría que remontarse a la época del Seguro Social. El sistema ya enfrentaba problemas estructurales que, lejos de resolverse, se han agravado, sumando además nuevas dificultades antes inexistentes en el país.

Sin embargo, esta crisis no es un accidente ni una simple consecuencia de fallas históricas; es una situación deliberada. Desde el inicio de este gobierno, la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó: “Tiene que haber una crisis explícita y clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”. Y han trabajado para que así sea.

Era evidente que el sistema de salud requería ajustes para mejorar y garantizar plenamente el derecho fundamental a la salud en Colombia. El problema más visible para la ciudadanía eran las demoras en la atención y el acceso limitado a especialistas y procedimientos de alto costo. No obstante, este síntoma ocultaba una raíz más profunda: la falta de sostenibilidad financiera del sistema y la ausencia de incentivos efectivos para la prevención y gestión del riesgo en salud. En este contexto, las decisiones recientes del Gobierno no han contribuido a resolver estas fallas; por el contrario, han exacerbado la crisis, afectando directamente a la ciudadanía.

El financiamiento del sistema de salud debía resolverse sin comprometer el acceso a los servicios. Sin embargo, la crisis tiene raíces estructurales más profundas, como la alta informalidad laboral, que limita las cotizaciones al régimen contributivo y genera un déficit de recursos para cubrir el costo de toda la población, incluido el régimen subsidiado.

A esto se sumaba la falta de claridad sobre el plan de beneficios, lo que llevó a que muchos pacientes tuvieran que interponer tutelas para acceder a servicios no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo mediante el cual el Estado financia la atención en salud según edad, sexo y otros factores de riesgo. Esto llevó a la creación de un sistema paralelo para el pago de medicamentos y servicios No PBS (No Plan de Beneficios), lo que ha generado una deuda multimillonaria del Estado con las EPS y, a su vez, de estas con las IPS, una carga financiera creciente y aparentemente impagable.

Esta situación se agravó por las falencias en el control y la vigilancia, lo que permitió que muchas EPS abusaran de los vacíos normativos. A esto se suman hechos de corrupción y un manejo inadecuado de los recursos de la salud.

En lugar de abordar estos problemas de manera estructural, el Gobierno ha permitido que las deudas sigan acumulándose.

Con todo, nadie podría decir que el sistema era perfecto, y estos problemas recurrentes hacían que la gente solo viera lo negativo del sistema y no reconociera sus bondades. A nivel internacional, se destacaban varios aspectos positivos del sistema de salud colombiano. Entre ellos, su cobertura cercana al 100 %, con excepción de algunas zonas remotas donde el acceso sigue siendo limitado. También se resaltaba su modelo solidario de financiamiento y su bajo gasto de bolsillo para los ciudadanos. En Colombia, este gasto representa el 15 % del costo real de los servicios, mientras que en países desarrollados supera el 20 % y el promedio mundial alcanza el 33 %.

El gobierno de Petro llegó con la promesa de que iba a mejor el sistema de salud actual y presentó su reforma como la solución a los problemas estructurales. Sin embargo, ante la imposibilidad de aprobarla en el Congreso hasta el momento, ha optado por aplicar una serie de medidas, como la intervención masiva de EPS, la reducción del financiamiento y el debilitamiento de la cadena de suministros. Lejos de mejorar la situación, estas acciones han profundizado la crisis y han generado un caos que hoy padecen millones de colombianos.

Desde el inicio de su mandato, el Gobierno ha emprendido una estrategia de intervención de las principales EPS del país, argumentando una mala gestión financiera. Sin embargo, estas EPS atienden al 60% de la población y, lejos de mejorar los servicios, las intervenciones han generado una mayor incertidumbre en el acceso a la salud.

A pesar del problema financiero mencionado, el Gobierno ha reducido y retrasado los pagos de la UPC, además de no recalcular su valor, agravando la crisis de liquidez del sistema. Incluso con órdenes de la Corte Constitucional, la falta de voluntad política ha sido evidente. Con menos recursos disponibles, EPS e IPS enfrentan serias dificultades para garantizar la atención, entregar medicamentos a tiempo y realizar procedimientos médicos. Como resultado, las quejas de los usuarios han aumentado un 75,7 % en los últimos dos años, según la Defensoría del Pueblo, principalmente por la falta de acceso a especialistas, el incumplimiento de tutelas y el desabastecimiento de medicamentos esenciales.

La crisis de abastecimiento de medicamentos es otro reflejo de esta crisis inducida. A pesar de que el Gobierno ha minimizado la situación argumentando que hay suficiente inventario o que se trata de acaparamiento, la realidad es que muchos operadores logísticos (OL) enfrentan deudas de $4 billones, lo que ha afectado la distribución de medicamentos esenciales.

En algunas ciudades hay reportes de desabastecimiento, mientras que en otras los medicamentos permanecen almacenados sin ser entregados a los pacientes que los necesitan con urgencia. En Cali, por ejemplo, se han registrado largas filas de adultos mayores esperando durante horas —o incluso días— para recibir sus tratamientos. Ante la falta de respuesta, algunos han recurrido a redes de intercambio de medicinas con otros pacientes, una muestra alarmante del colapso del sistema.

Es evidente que el sistema de salud requiere reformas, pero el camino elegido por el Gobierno ha generado más problemas que soluciones. En lugar de fortalecer la atención, garantizar mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos, ha optado por debilitar el modelo existente sin ofrecer una alternativa clara y viable, y sin solucionar los problemas de corrupción. Mientras tanto, los colombianos siguen pagando las consecuencias de un sistema que, lejos de mejorar, parece estar en caída libre.

La salud no puede ser rehén de intereses políticos ni de improvisaciones administrativas. La prioridad debe ser garantizar una atención oportuna y de calidad a todos los ciudadanos, sin que las disputas ideológicas o los intereses del poder interfieran. La crisis de la salud en Colombia no es solo un problema estructural, sino también el resultado de decisiones políticas que han puesto en riesgo la vida de millones de personas. Es hora de exigir soluciones reales para construir el sistema de salud que merecemos, antes de que sea demasiado tarde.