La huella de los megaoperativos en la seguridad

Los recientes operativos masivos desplegados por el presidente Abelardo de la Espriella en diferentes ciudades del país parecen responder a esa determinación de recuperar la iniciativa, respaldar a la Fuerza Pública y enviar un mensaje inequívoco a las organizaciones delincuenciales.

No obstante, en diferentes escenarios y medios de comunicación se preguntan cual es el verdadero impacto en la seguridad.

Trataré de responder a esta pregunta desde diferentes aristas.

Lo primero que debo decir, es que las cifras son contundentes.

Las intervenciones en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, entre otras ciudades, han dejado centenares de capturas, allanamientos, incautaciones de armas, estupefacientes y dinero, además de un importante despliegue de capacidades policiales, militares y judiciales.

Estas no son acciones menores. Representan una decisión política de confrontar la criminalidad y una demostración de que el Estado puede concentrar sus capacidades, sincronizar procedimientos y generar incertidumbre en las organizaciones criminales.

La segunda dimensión es territorial, durante años, diferentes estructuras delincuenciales han construido mecánicas de control sobre comunidades, barrios y sectores y establece mecanismos informales de autoridad.

Cuando el Estado ingresa a esos escenarios, captura a quienes ejercen esas actividades y demuestra que puede intervenirlos, está cuestionando una forma de dominación criminal.

Sin embargo, recuperar un territorio no significa ingresar en él. Significa conseguir que la institucionalidad permanezca y de garantías después de la intervención.

Las organizaciones criminales funcionan como sistemas. Tienen estructuras de mando, coordinadores, redes de apoyo, responsables financieros, mecanismos logísticos y capacidad de reemplazo.

Por eso, capturar a un número significativo de integrantes no significa necesariamente que la organización haya perdido su capacidad de delinquir.

Desde lo judicial, es necesario conocer cuántos capturados quedan con medida de aseguramiento, cuántos terminan condenadas y cuántas organizaciones pierden definitivamente su capacidad de delinquir.

Si el sistema judicial no consigue acompañar el esfuerzo operacional, se corre el riesgo de generar un círculo de capturas recurrentes.

Una organización que pierde sus fuentes de financiación, sus mecanismos de lavado y su capacidad de adquirir recursos, enfrenta una afectación mucho más profunda que aquella que simplemente pierde algunos de sus integrantes.

Para el delincuente, las intervenciones representan un incremento en la percepción del riesgo.

Para el ciudadano, constituye una señal de respaldo y una demostración de que el Estado está dispuesto a recuperar espacios que parecían abandonados.

No puedo desconocer el componente comunicacional de esta estrategia.

La presencia del presidente en los operativos, su acompañamiento a los uniformados y la divulgación de los resultados construyen una narrativa de autoridad y respaldo.

El mandatario transmite que la seguridad constituye una prioridad en su gobierno.

Sin embargo, existe el riesgo de desplazamiento del liderazgo institucional y que se personalicen los resultados en la figura del presidente como última instancia y máximo responsable de la conducción política en materia de seguridad y defensa.

No obstante, con lo dicho no quiero cuestionar el liderazgo del presidente, incluso lo considero conveniente ocasionalmente.

Porque, la comunicación es un instrumento legítimo de gobierno, pero no puede convertirse en el indicador de éxito de la política de seguridad.

La verdadera prueba comienza después del operativo, examinando si el delito se desplazó, si las estructuras intervenidas consiguieron reorganizarse, si las comunidades palparon cambios reales en su territorio, analizando tendencias y comparativos en cifras, entre otras cosas, que permita determinar cuál es el verdadero impacto en la seguridad.

Esta estrategia también deja una lección para las autoridades departamentales y municipales.

No podemos esperar a que el presidente llegue a una ciudad para desplegar una intervención de gran magnitud. Necesitamos desarrollar capacidades permanentes de anticipación, coordinación y respuesta.

Por encima de las cifras, de los balances operacionales y de las distintas lecturas que puedan hacerse sobre el impacto de estos megaoperativos, hay un hecho que merece destacarse, Colombia está retomando el rumbo de la seguridad.

Hoy existe un presidente que ha decidido ponerla nuevamente en el primer plano de la agenda nacional, asumirla como una prioridad de Gobierno y enviar un mensaje inequívoco de autoridad frente a las estructuras criminales.

El verdadero desafío será convertir esta determinación política en resultados sostenibles, presencia estatal y tranquilidad para los ciudadanos.

Estas acciones marcan el inicio de una tarea que apenas comienza, son apenas el punto de partida de una estrategia de largo aliento que permitirá recuperar territorios, debilitar las economías criminales y devolverle a la ciudadanía la confianza en la capacidad del Estado para protegerla.

Comments