La Paz Total fracasó

Edwin Maldonado

“A los tres meses de ser presidente se acaba el ELN”. Esta fue una de las frases más contundentes de Gustavo Petro en campaña. Han pasado ya dos años y medio desde su elección, y no solo el ELN sigue existiendo, sino que se ha fortalecido, al igual que otras estructuras criminales.

El fracaso de la llamada “Paz Total” es evidente. No hay resultados concretos, y la situación de seguridad se ha deteriorado de forma alarmante en muchas regiones del país, incluyendo el Valle del Cauca.

Durante este gobierno, los grupos armados ilegales no se han debilitado. Todo lo contrario: han ampliado su capacidad de acción, diversificado sus fuentes de financiamiento y ganado control territorial.

Hoy las disidencias de las FARC están presentes en al menos 299 municipios (un aumento del 30% frente a 2022), el Clan del Golfo en 392 municipios (55% más que en 2022) y el ELN en 232 municipios (un crecimiento del 23%). Colombia tiene hoy más actores armados ilegales, mejor armados y con mayor impunidad.

La presencia de grupos criminales alcanza ya 790 de los 1.104 municipios, es decir, más del 70% del país.

La siembra de coca también se ha disparado. En 2022 se registraron 230.000 hectáreas cultivadas, en 2023 ya eran 253.000, y en 2024, según la ONU, superan las 300.000 hectáreas.

La tendencia continúa al alza, sin que exista aún un plan serio de sustitución de cultivos ilícitos: apenas se están iniciando pilotos en el Catatumbo.

La minería ilegal también crece sin freno: más del 60% de la explotación minera en Colombia es ilegal.

Lo mismo ocurre con otras actividades de financiación criminal, mientras el gobierno no ha implementado una estrategia clara para atacar sus finanzas, como prometió en campaña.

Tampoco ha mejorado la presencia institucional en los territorios. Mientras tanto, las comunidades siguen siendo rehenes del miedo y de los violentos.

El Valle del Cauca vive una situación crítica. En Buenaventura, la tregua entre bandas promovida por el gobierno fue un fracaso: no hubo desarme, ni justicia, ni garantías.

Hoy los grupos urbanos se están articulando con estructuras armadas rurales, recrudeciendo el conflicto. En Jamundí, los cultivos ilícitos avanzan ante la inacción estatal y los atentados son recurrentes.

En Tuluá, las extorsiones tienen en jaque al comercio y a la ciudadanía. Y en Cali confluyen todos los males: narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, bandas criminales y delincuencia común.

Solo en la última semana se registraron tres ataques contra la Fuerza Pública: uno en Jamundí, uno frustrado en Palmira y uno contra un CAI en Cali.

Lo más grave es que no existe una estrategia integral de seguridad. Las negociaciones con grupos armados se han hecho sin exigir condiciones, sin respeto al Estado de derecho y sin resultados tangibles.

Se suspenden operaciones militares sin que haya desmovilización, entrega de armas o garantías para las comunidades. El Catatumbo, con más de 50.000 desplazados en 2024, así como Arauca y el Baudó, son prueba del abandono institucional: el Estado ni siquiera tiene presencia efectiva más allá de lo militar.

Mientras tanto, alcaldes y gobernadores tienen las manos atadas, viendo cómo los ceses al fuego no van acompañados de presencia civil, social ni de justicia, mientras los grupos armados siguen delinquiendo en sus territorios.

La seguridad debe empezar por las regiones: sin control territorial y sin acciones de fuerza selectiva contra liderazgos criminales, no hay posibilidad de paz. La llamada “Paz Total” se ha convertido en una tregua para los criminales y en una pesadilla para las comunidades.

En lugar de fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, el gobierno las ha debilitado. Hay confusión operativa, restricciones políticas, falta de liderazgo y desmoralización.

Hoy, el Estado está en retirada en muchas zonas del país, justo cuando debería estar más presente que nunca. Y ahora, nuestra Fuerza Pública también está abandonada: los grupos criminales han declarado un “plan pistola” contra ella.

Ya son 25 héroes asesinados en lo que va de 2025, sumando las víctimas del reciente ataque en Guaviare, donde al menos seis militares fueron asesinados y cinco secuestrados, por parte de las mismas disidencias a las que, hace apenas dos semanas, el presidente Petro les decretó el cese de operaciones militares. Está claro: no tienen voluntad de paz; solo se burlan de nosotros.

La seguridad es un tema difícil de analizar. Se puede observar desde las cifras o desde la percepción, pero el trasfondo es claro: la población sufre las consecuencias.

A la luz de lo que viven los colombianos, la Paz Total, tal como está planteada, fracasó. El propio presidente Petro lo reconoció indirectamente al afirmar que “la guerra es el fracaso”. Lo que no admite es que su estrategia fallida ha agravado el problema.

Peor aún: como tantas otras promesas de campaña de este gobierno, no solo no se cumplió: empeoró la situación. Hoy Colombia está más violenta, más fragmentada y con un Estado más débil.

Corregir este error es urgente. El tiempo se agota y las comunidades no pueden seguir esperando.

Lastimosamente, al paso que vamos, tendremos que esperar hasta 2026 para corregir el rumbo. Colombia necesita una estrategia de seguridad que combine autoridad legítima, inteligencia, justicia, inversión social y fortalecimiento institucional.

No se trata de volver a la guerra: se trata de recuperar el control del territorio, proteger a las comunidades y exigir resultados reales a quienes dicen querer negociar la paz.