La prisión pasó de ser un límite al punto de partida

Durante años, la cárcel ha sido concebida como el punto final de la actividad criminal, capturar, judicializar y recluir al delincuente significaba sacarlo de circulación y reducir su capacidad de hacer daño.

Sin embargo, esa lógica ha cambiado. Hoy, en Colombia, la mayoría de los establecimientos penitenciarios se han convertido en verdaderos nodos de coordinación, comunicación y operación criminal, donde personas privadas de la libertad continúan impartiendo órdenes, administrando rentas ilícitas, manteniendo conexiones con estructuras que delinquen en las calles.

Lo peor de todo, es que, en muchos casos, las cárceles terminan convirtiéndose en espacios de aprendizaje, perfeccionamiento, intercambio y especialización criminal.

La evidencia reciente habla por sí sola. En enero de 2026, un operativo simultáneo en los 124 establecimientos de reclusión del orden nacional permitió incautar 1.320 celulares, 1.700 tarjetas SIM, dinero en efectivo, armas artesanales y estupefacientes.

El propio Ministerio de Justicia señaló que estas acciones buscaban combatir la extorsión y otras actividades ilícitas que se desarrollan desde las cárceles.

El problema, por tanto, no se reduce a la existencia de teléfonos celulares dentro de las prisiones.

El celular es apenas la herramienta, el verdadero problema es la estructura criminal que permanece operando detrás de los muros.

La extorsión constituye uno de los ejemplos más evidentes.

Desde un patio o una celda se pueden realizar llamadas, enviar mensajes, identificar víctimas, amenazar comerciantes, ordenar cobros y coordinar a quienes ejecutan las intimidaciones en el territorio.

Investigaciones de la Policía Nacional a diario nos muestran redes que delinquen del interior de las cárceles especialmente en el delito de extorsión, donde la cadena criminal se fragmenta, el victimario está en una cárcel de cualquier ciudad del país, la víctima en otro entorno geográfico y la materialización del pago constreñido se da en otro lugar.

Esto obliga a cambiar la concepción tradicional de seguridad penitenciaria.

Capturar no necesariamente significa neutralizar, si el cabecilla conserva capacidad de comunicación, recursos económicos, información y subordinados en el exterior, la privación de la libertad puede convertirse simplemente en un cambio de escenario.

Aquí aparece un segundo factor crítico, la corrupción.

El ingreso de celulares, SIM, sustancias prohibidas, dinero y otros elementos no puede analizarse exclusivamente como una falla en los controles.

Cuando los mecanismos de seguridad son permeados, aparecen redes de complicidad capaces de convertir las cárceles en espacios funcionales para el crimen organizado.

A la corrupción se suma la impunidad, que reduce el costo esperado de delinquir.

Si un delincuente puede continuar ordenando homicidios, extorsiones o traficando drogas desde prisión sin consecuencias proporcionales, la cárcel pierde parte de su capacidad disuasiva.

A estos factores deben agregarse otros aceleradores, débil control de las comunicaciones, insuficiente inteligencia penitenciaria, capacidad de las organizaciones para reemplazar rápidamente a sus integrantes, economías ilícitas y articulación entre estructuras intramurales y redes externas.

La respuesta, entonces, no puede limitarse a decomisar celulares.

Se requiere una estrategia integral basada en aislamiento efectivo de los cabecillas, inteligencia penitenciaria, bloqueo tecnológico, investigación financiera, control anticorrupción, análisis permanente de comunicaciones y coordinación entre INPEC, Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y autoridades territoriales.

En este contexto adquiere especial relevancia la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), propuesta por el gobierno de Abelardo de la Espriella como una respuesta precisamente a la capacidad de los grandes cabecillas para continuar delinquiendo desde las cárceles.

La iniciativa plantea utilizar embarcaciones oficiales como centros de reclusión transitoria de máxima seguridad en altamar, con el propósito de romper las comunicaciones, aislar a los internos de sus redes criminales y cortar su capacidad de impartir órdenes hacia el territorio.

Resulta especialmente pertinente frente al problema planteado, si la cárcel tradicional puede convertirse en un nodo de coordinación criminal, el aislamiento efectivo de los cabecillas debe convertirse en una prioridad de seguridad nacional.

No se trata simplemente de trasladar presos de un lugar a otro, sino de recuperar la capacidad del Estado para impedir que quienes están privados de la libertad continúen ejerciendo poder criminal.

En otras palabras, la verdadera eficacia de una política penitenciaria no se mide únicamente por cuántas personas están encerradas, sino por cuántas organizaciones criminales dejan efectivamente de operar como consecuencia de esa medida.

Colombia necesita recuperar una premisa elemental, la prisión debe ser un límite para el delincuente, no una plataforma para el delito.

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