La reforma laboral que necesita Colombia

La reforma laboral del gobierno de Petro fue archivada en el Congreso por segunda vez, como se preveía. Se intentó imponer sin una concertación adecuada y no abordaba los temas más relevantes: generación de empleo y formalidad. Al contrario, agravaba la situación.
Colombia sí requiere una reforma laboral que aborde los problemas estructurales del mercado laboral, relacionados con factores culturales, sociales y productivos complejos. No podemos limitar el debate únicamente a los costos. Si bien el salario mínimo en Colombia es alto en comparación con el promedio salarial y los costos no salariales encarecen la formalidad, hay otros aspectos clave que deben analizarse, como la inflexibilidad laboral, las jornadas de trabajo, el contrato de aprendizaje y la productividad, temas que la Misión de Empleo analizó con grandes expertos y dejó varias propuestas para discusión.
En esta columna, me concentraré en dos temas fundamentales: brechas de género y estabilidad laboral. Antes de abordar estos temas, quiero referirme con conocimiento de causa al contrato de aprendizaje. Como egresado del SENA, realicé mi práctica en una gran empresa del Valle, que posteriormente me contrató, permitiéndome crecer profesionalmente y culminar mi pregrado. Por esta razón, no estoy de acuerdo con otorgarle una naturaleza laboral a esta relación, pues esto sería contraproducente y llevaría a que muchas empresas prefieran contratar a graduados en lugar de ofrecer oportunidades a los aprendices. En lugar de modificar su esencia, se debe incentivar un uso más amplio y pertinente de este mecanismo por parte de las empresas, asegurando que más jóvenes puedan finalizar su formación y acceder a mejores oportunidades en el mercado laboral.
Lo primero que hay que resaltar es que las personas son el capital más valioso de un país, y que el trabajo es esencial para aprovechar este capital y fortalecer nuestra capacidad productiva. La economía no se trata solo de las empresas, sino también de las personas que hacen posible su funcionamiento.
Según cifras de enero de 2025, la fuerza laboral en Colombia asciende a 25,9 millones de personas, lo que se conoce como población económicamente activa (PEA). Esta se calcula sumando las personas ocupadas y las que buscan trabajo dentro de la población en edad de trabajar (PET), que en Colombia es de 40,4 millones de personas. En otras palabras, la tasa de participación laboral es del 64%; estos casi 26 millones de colombianos sostienen la economía del país. El otro 36% (14,5 millones de personas) no participa en el mercado laboral porque sus gastos son cubiertos por su núcleo familiar, ya sea porque están estudiando o por otros motivos.
Aquí comienzan a evidenciarse las diferencias de género. Aunque las mujeres representan el 52% de la población en edad de trabajar, solo el 52,1% participa en el mercado laboral, frente al 77,2% de los hombres, una brecha del 25,1%. La tasa de ocupación femenina (43,8%) es significativamente menor a la masculina (70,6%), y su desempleo (15,8%) casi duplica al de los hombres (8,6%). En términos prácticos, mientras que 91,4 de cada 100 hombres que buscan trabajo logran emplearse, solo 84 de cada 100 mujeres lo consiguen. Esta desigualdad responde a múltiples factores, entre ellos la falta de condiciones laborales que les permitan acceder y mantenerse en el empleo. Adaptar las políticas laborales para promover mayor autonomía y flexibilidad es clave para facilitar el acceso de las mujeres a la formación y al trabajo formal.
Más allá de la equidad de género, la baja ocupación femenina representa un problema económico: implica un desperdicio de talento que frena el crecimiento del país. Aunque ha habido avances, persisten barreras que limitan el potencial de las mujeres. Medidas como la licencia parental compartida han sido positivas al fomentar la corresponsabilidad y reducir la discriminación laboral. Sin embargo, es clave evitar regulaciones que encarezcan su contratación, como la propuesta de licencias por menstruación, cuando ya existen mecanismos para solicitar incapacidades médicas en casos específicos.
Otro problema clave es la inflexibilidad para despedir personal. Colombia es uno de los países donde resulta más difícil y costoso desvincular a un trabajador, con una gran discrecionalidad en la aplicación de normas. La reforma propuesta agravaba la incertidumbre jurídica al otorgar al Ejecutivo la facultad de crear nuevos fueros sin necesidad de una ley.
Desde una perspectiva económica, las empresas deben ajustar su fuerza laboral según la demanda y los avances tecnológicos. Si las ventas disminuyen o se automatizan procesos, es natural que la necesidad de mano de obra disminuya. Algunas personas pueden considerar esta explicación como insensible, pero es una realidad económica.
No se trata de desproteger a los trabajadores. El mayor riesgo del desempleo es el aumento de la pobreza, especialmente en la clase media emergente, lo que amenaza los avances de las últimas décadas. La solución es diseñar mecanismos que garanticen su seguridad económica. Hoy, Colombia protege el puesto de trabajo en lugar de proteger al trabajador, lo que genera distorsiones en el mercado laboral.
Una alternativa eficiente sería la creación de un seguro de desempleo moderno, que complemente nuestro sistema de seguridad social. Así como existen seguros para la salud, riesgos laborales y vejez, se necesita un esquema que brinde estabilidad ante la pérdida del empleo. Esto reduciría la regulación excesiva sobre los despidos y facilitaría una transición efectiva hacia nuevas oportunidades laborales.
Colombia necesita una reforma laboral moderna. En lugar de hacer más rígida la normativa, debemos impulsar reformas que promuevan la formalidad, protejan a los trabajadores y mejoren la productividad empresarial. Es clave equilibrar estabilidad laboral y flexibilidad en un mercado laboral más dinámico e inclusivo.
@edwinhmaldonado

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