Cali, septiembre 30 de 2026. Actualizado: miércoles, septiembre 30, 2026 16:59
Más descentralización, más progreso
La Constitución de 1991 nos prometió una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.
Treinta y cinco años después, el más reciente informe de la Comisión de Ordenamiento Territorial al Congreso deja una conclusión incómoda: esa promesa sigue a medio camino.
Colombia se descentralizó en el papel, pero se sigue gobernando desde Bogotá.
Los números hablan solos. Apenas 413 de los 1.104 municipios, el 37,5 %, tienen su Plan de Ordenamiento Territorial aprobado y adoptado; el resto trabaja con instrumentos que ya no reflejan su realidad.
Solo 13 de los 32 departamentos cuentan con Plan de Ordenamiento Departamental, figura aún sin reglamentar quince años después de la Ley 1454 de 2011.
El informe identifica tres cuellos de botella. El primero es la información: los municipios no tienen estudios de amenazas a una escala útil para decidir.
El segundo es la fragmentación: cada entidad produce datos con formatos, escalas y fechas distintas que no conversan entre sí.
El tercero es la desconexión entre el plan de ordenamiento, el plan de desarrollo y el presupuesto: se adopta el plan, pero la inversión va por otro lado.
A eso se suma un reto político. El Acto Legislativo 03 de 2024 prometió aumentar la participación de los territorios en los ingresos corrientes de la Nación, pero condicionó ese aumento a una ley de competencias que no llegó a buen puerto y deberá presentarse de nuevo. Plata anunciada, reglas pendientes.
Descentralizar no es repartir cheques con instrucciones desde Bogotá. Es confiar en quien conoce el territorio. Por eso propongo tres cosas.
Primero, más autonomía regional sobre las regalías.
El presupuesto del Sistema General de Regalías 2025-2026 se aprobó por $30,9 billones, pero terminó en $63,7 billones porque $31,7 billones del bienio anterior quedaron sin ejecutar.
No falta plata; sobran trámites. Las regiones saben si lo urgente es una vía terciaria, un acueducto o un centro de salud, y deben poder decidirlo sin ventanillas centralizadas.
Segundo, más transferencias de la Nación para programas que defina el propio ente territorial.
En 2024 la Nación giró $72,8 billones a los municipios, la mitad de todos sus ingresos, y en 695 de ellos el Sistema General de Participaciones pesa al menos el 40 % del presupuesto.
Pero casi nueve de cada diez pesos de ese sistema llegan amarrados a destinos fijados desde Bogotá.
El Programa de Alimentación Escolar lo demuestra: garantizar su universalidad en los 82 municipios no certificados de Santander cuesta cerca de $192.000 millones; según la Gobernación, la Nación cubre apenas el 17,3 % y el departamento pone más de $160.000 millones.
Sin más transferencias, cerca de 50.000 niños quedarían por fuera.
Esa participación debe crecer, y con ella la libertad para decidir en qué se invierte.
Tercero, presencia real del Estado en los territorios más lejanos.
El informe revela el tamaño del vacío: solo 369 municipios tienen catastro formado o actualizado y 18,4 millones de hectáreas siguen sin información catastral alguna.
Donde el Estado no sabe qué hay ni de quién es, no puede cobrar predial, planear ni invertir.
En el Catatumbo, el Pacífico o la Amazonía, la descentralización sin Estado no es autonomía: es abandono.
No partimos de cero. El gobierno del presidente Iván Duque dejó dos logros.
Con la Ley 1962 de 2019, la Ley de Regiones, fortaleció las Regiones Administrativas y de Planificación y abrió el camino para convertirlas en Regiones Entidad Territorial.
Y con la reforma a las regalías, el Acto Legislativo 05 de 2019 y la Ley 2056 de 2020, elevó las asignaciones directas a los territorios productores de cerca del 11 % a cerca del 25 %.
Más recursos y más poder de decisión para las regiones.
El nuevo cuatrienio tiene la oportunidad de completar la tarea: una ley de competencias clara y bien financiada, la reglamentación del ordenamiento departamental, información territorial unificada y acompañamiento a los municipios más débiles.
Estoy seguro de que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanzará en ese sentido, porque entiende que Colombia no se construye solo desde el centro, sino desde cada región.
Las regiones no piden favores; piden confianza y herramientas. Más descentralización, más progreso.

