No es solo vandalismo: es una alerta al Estado

Las dos explosiones ocurridas recientemente en el sur de Cali, al parecer dirigidas contra cámaras de fotodetección, son mucho más que un simple acto de vandalismo.

Son señales claras, preocupantes, de que se está debilitando el respeto por la autoridad y que hay un intento por desafiar abiertamente al Estado.

En un país que ha luchado tanto por consolidar la legalidad y fortalecer sus instituciones, este tipo de hechos no pueden pasar desapercibidos ni leerse como hechos aislados.

Podríamos quedarnos en la superficie y decir que esto es obra de quienes rechazan las fotomultas por considerarlas injustas o mal implementadas.

Pero si miramos con mayor profundidad, lo que estas explosiones ponen en evidencia es la fragilidad del orden público y la erosión de la legitimidad institucional en ciertos sectores de nuestras ciudades.

Hoy fueron cámaras, mañana puede ser cualquier otro símbolo del Estado.

La pregunta no es solo quién puso los explosivos, sino por qué se ha perdido el respeto por la norma y por las autoridades que la hacen cumplir.

En muchos barrios de Cali y del país, la ley del más fuerte está reemplazando al Estado. Las cámaras son percibidas como enemigos, no como herramientas para la seguridad.

Y cuando eso ocurre, lo que está en juego no es solo una política de movilidad, sino la convivencia misma.

Durante mi paso por el concejo de Cali, tuve la oportunidad de conocer las realidades y desafíos de la ciudad desde cerca.

He creído siempre que el Estado debe estar presente, no solo con fuerza pública, sino con oportunidades, con justicia, con escucha.

La autoridad que solo se impone, sin diálogo ni transparencia, genera rechazo. Pero la autoridad que se retira o que se muestra débil, deja un vacío que otros —ilegales, violentos o populistas— siempre están dispuestos a ocupar.

Lo que pasó en el sur de Cali debe llamarnos a una reflexión profunda. Necesitamos recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones.

Necesitamos líderes que no teman poner orden, pero también que comprendan el territorio y escuchen al ciudadano.

¿Cómo construir legitimidad si no se abre espacio al diálogo real? Necesitamos un Estado que haga presencia integral y que no se limite a reaccionar después de la explosión.

Cali, como otras ciudades del país, enfrenta tensiones acumuladas: desigualdad estructural, informalidad creciente, presencia de economías ilegales, y una débil capacidad estatal para responder de forma integral.

Cuando la autoridad pública se limita a la sanción, sin construir legitimidad a través del diálogo, la transparencia y la eficacia, lo que se genera es rechazo, no respeto.

Por el contrario, cuando se percibe ausencia del Estado —en seguridad, en servicios, en justicia—, el terreno queda abonado para expresiones de violencia y desobediencia.

Estos hechos obligan a repensar el papel del Estado en el territorio. No basta con aumentar el pie de fuerza o endurecer las penas.

La respuesta debe ser estratégica y estructural. Es necesario recuperar la confianza ciudadana mediante una presencia estatal que no se limite al castigo, sino que se traduzca en oportunidades, servicios efectivos y procesos de participación reales.

Finalmente, es clave entender que la institucionalidad no se construye únicamente desde el centro del poder.

Se edifica en el día a día, en la interacción entre el ciudadano y sus autoridades locales, en la manera como se aplican las normas y en la capacidad de esas normas para ser percibidas como justas.

Lo ocurrido en el sur de Cali es una alerta que no podemos ignorar. No solo por la violencia en sí misma, sino por lo que revela: un deterioro de la legitimidad institucional que, si no se atiende con inteligencia y decisión, puede extenderse y agravarse.

Fortalecer el Estado no es una consigna, es una necesidad histórica. Y hacerlo pasa, más que por imponer, por comprender y actuar con visión de largo plazo.

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