Pacto de la Picota

Paloma Valencia

La Dirección Nacional de Inteligencia ha sufrido un auténtico deterioro desde que quedó en manos de un director que perteneció al M19.

Sacaron mucha gente preparada y con una larga carrera, y la reemplazaron por personas poco competentes. El escándalo ahora es mayúsculo, la DNI protegió a criminales de las FARC.

Alias Mocho Olmedo segundo al mando de las disidencias estuvo escondido y protegido por DNI con complicidad de la Fiscalía General en Bogotá en una ilegal estrategia para evitar su extradición.

Es inevitable no pensar en el “Pacto de la Picota”. Antes de las elecciones presidenciales del 2022 se reveló que allegados a la campaña de Gustavo Petro estaban visitando cárceles ofreciendo “perdón social” a cambio de apoyo político a Petro.

Unos audios de Marquitos Figueroa revelan como invitaban a votar por Petro. Juan Fernando –hermano del Presidente– admitió tener conversaciones con el Gordo García, responsable de la masacre de Macayepo, entre otros condenados por narcotráfico y parapolítica.

Se sabe que miembros del Pacto Histórico, entre ellos, Piedad Córdoba, tuvieron conversaciones en las cárceles con extraditables como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas (Oficina de Envigado), Juan José Valencia, alias Andrea (Clan del Golfo), y John Freddy Zapata, alias Messi (Clan del Golfo).

También está el video de Roy Barreras diciendo “Hay visitas a los extraditables de gente del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición”.

En 2022 y 2023 el gobierno presentó leyes para favorecer criminales. También intentó levantar órdenes de captura de al menos 3 narcotraficantes pedidos en extradición.

Desde el Congreso logramos parar o modificar varios de esos proyectos. Sin embargo, el presidente anunció cinco ceses al fuego bilaterales con grupos armados: ELN, disidencias de la Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada.

Fue una tregua unilateral, las evidencias lo confirman: una política de brazos caídos que el gobierno impuso a las FF.AA.

El número de hombres en el Ejército Nacional ha caído en 12%. Hoy tenemos 18 mil hombres menos que en el año 2021. En la Fuerza Aeroespacial han caído en un 8%.

Esto se suma a que el 59% de las aeronaves de la Fuerza Aérea estarían en tierra, el 59% de la Policía y el 21% de la Armada. La caída en el presupuesto de mantenimiento y adquisición de aeronaves es del 60%.

Los resultados en seguridad son devastadores: En los primeros 32 meses del gobierno Petro han asesinado 255 miembros de la Fuerza.

La extorsión ha crecido un 56% con 32.800 casos, el terrorismo en un 54% con 2.373 casos, el homicidio intencional un 9,5% con 36 mil casos.

Comparado con el 2021, el asesinato de líderes sociales aumentó en un 47% con 206 casos, el reclutamiento forzado en un 77% con 318 casos. Los grupos ilegales ya tienen presencia en más de 800 municipios.

A veces da la impresión de que el Gobierno más que garantizar la seguridad a los ciudadanos, tiene más interés en los ilegales, acaso en cumplirles las promesas empeñadas.

El anuncio de una zona de distensión en Tibú por 45 días para el frente 33 de las FARC es escalofriante después de haber visto lo sucedido en una región afectada por tanto tiempo, que vivió su peor crisis humanitaria en este gobierno.

Así también desconcierta que desde el gobierno mueven a cabecillas criminales en las aeronaves de las Fuerzas Armadas y usan la inteligencia colombiana para esconderlos del poder judicial. Por otro lado, la Fiscalía General se hace cómplice y no captura.

Todo lo cubren con la mata de la Paz Total, que en realidad ha sido paz para los criminales y no para los colombianos. Se estima que hoy tenemos 24 mil hombres en armas ilegales, 8 mil más desde la llegada de Petro.