Romper la ecuación del delito

Cuando nos preguntamos qué hace posible que un delincuente cometa un delito, la respuesta no siempre está en el tamaño de las organizaciones criminales, en la cantidad de armas que poseen o en su capacidad de intimidación.

Muchas veces está en las condiciones que encuentran para actuar, en los espacios que el Estado deja desprotegidos y en la vulnerabilidad de quienes se convierten en sus víctimas.

Esta reflexión tiene una explicación desde la criminología.

Los investigadores Lawrence Cohen y Marcus Felson formularon la teoría de las actividades rutinarias, según la cual para que ocurra un delito deben coincidir tres elementos, un delincuente motivado, un objetivo vulnerable y la ausencia de un guardián capaz de impedirlo.

Tres factores que, al encontrarse en un mismo espacio y momento, generan una oportunidad criminal.

Esta teoría permite entender una dimensión fundamental de la política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la necesidad de intervenir sobre los tres componentes de esa ecuación, no solamente mediante la reacción policial o militar, sino modificando las condiciones que facilitan la actividad criminal.

El primer componente, la motivación criminal no puede analizarse exclusivamente desde la conducta individual.

Detrás de buena parte de la violencia existe una estructura económica que convierte el delito en un negocio altamente rentable.

El narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, el contrabando y otras economías ilícitas alimentan organizaciones que necesitan controlar territorios, someter comunidades, reclutar integrantes y garantizar sus fuentes de financiación.

Frente a esta realidad, el Gobierno ha planteado un cambio de orientación hacia la confrontación directa de las estructuras criminales, la recuperación del control territorial y el fortalecimiento de las capacidades operacionales de la Fuerza Pública.

La decisión de cerrar mesas de diálogo con organizaciones que persisten en actividades violentas y priorizar la acción del Estado representa un cambio importante en el enfoque de intervención.

Pero hay un aspecto que merece especial atención, no basta con capturar a los integrantes de una organización.

Es necesario afectar su capacidad de producción económica, logística y operacional.

Por eso, la persecución de las finanzas criminales, el seguimiento a los patrimonios ilícitos, la inteligencia y la investigación judicial adquieren una importancia estratégica.

En esa dirección se inscribe el anuncio de fortalecer la inteligencia financiera y articularla con la Policía, la Fiscalía y la UIAF.

También la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, orientado a perseguir a quienes dirigen y articulan estas redes, más allá de quienes ejecutan las llamadas o cobran las exigencias económicas.

El propósito es modificar los incentivos del delincuente, reducir sus ganancias, elevar los costos de su actividad y aumentar la probabilidad de que sea identificado, perseguido y judicializado.

El segundo componente, el delito también necesita encontrar una víctima o un objetivo que ofrezca condiciones favorables para su ejecución.

Un transportador que circula por una carretera sin protección, un comerciante sometido a las exigencias de una estructura extorsiva, una comunidad rural aislada o una infraestructura energética sin vigilancia suficiente representan oportunidades para el delincuente.

Aquí la seguridad exige anticipación. No se trata solamente de reaccionar cuando ocurre un homicidio, un secuestro o un atentado, sino de identificar previamente las condiciones de vulnerabilidad que pueden facilitarlo.

La recuperación de corredores estratégicos, la protección de la infraestructura crítica, la vigilancia territorial y la utilización de tecnologías de inteligencia y monitoreo forman parte de esa intervención preventiva.

El tercer componente, quizá este sea el elemento más importante de la teoría.

Cohen y Felson utilizan el concepto de guardián capaz para referirse a cualquier persona, institución, estrategia o mecanismo que tenga la capacidad de impedir una conducta delictiva.

No se trata exclusivamente del policía que patrulla una calle.

También puede ser una comunidad organizada, un sistema de vigilancia, una institución que ejerce autoridad, una capacidad de inteligencia o la presencia estatal que disuada al delincuente.

Cuando estos guardianes desaparecen, son insuficientes o carecen de capacidad de reacción, el espacio queda expuesto a la oportunidad criminal.

Por eso, una carretera recuperada necesita vigilancia permanente, una población liberada de la intimidación necesita garantías para denunciar, una organización criminal desarticulada requiere seguimiento para evitar que otra ocupe su lugar.

La estrategia del actual Gobierno plantea intervenir sobre estos tres factores mediante la recuperación territorial, el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la persecución de las economías ilícitas, la inteligencia y la articulación institucional.

Al final, hay que romper esta ecuación, la seguridad no se construye únicamente aumentando la capacidad del Estado para perseguir delincuentes.

Se construye haciendo cada vez más difícil que puedan delinquir, reduciendo las oportunidades y evitando que las comunidades queden desprotegidas.

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