Un gobierno atrapado en el escándalo

La salida de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, no es más que otro episodio en la larga cadena de escándalos que ha marcado esta administración.

Un gobierno que prometió cambio y transparencia parece ahora atrapado en una narrativa de justificaciones, acusaciones de persecución mediática y golpes blandos.

Pero los hechos están ahí: no se trata de invenciones.

El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y sus contratos direccionados es solo la punta del iceberg.

A este se suma un reciente hallazgo en la venta de energía de Urrá, donde contratos por un billón de pesos favorecieron a amigos del presidente, como reveló una investigación de Caracol.

Estos no son errores menores ni prácticas aisladas; son síntomas de un sistema que parece aceptar irregularidades como parte de su funcionamiento.

La respuesta del presidente Gustavo Petro es preocupante.

Más que enfrentar los problemas con acciones contundentes, recurre a arremeter contra los medios de comunicación que los exponen.

Esta actitud no solo erosiona la confianza en su gobierno, sino que refuerza la percepción de permisividad hacia la corrupción.

Cada semana surge un nuevo escándalo, y lejos de resolverse, uno parece opacar al otro.

Mientras tanto, la bandera de la lucha contra la corrupción que impulsó su campaña se ha desdibujado bajo el peso de las denuncias, los testimonios y la inacción.

El gobierno del cambio se ha reducido a excusas y victimismo.

Los ciudadanos debemos activar los mecanismos de control social, condenar estas conductas y exigir investigaciones independientes y rápidas.

La presión ciudadana es clave para garantizar que las autoridades competentes actúen con firmeza y transparencia frente a la corrupción gubernamental.

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