Un pacto por la paridad y contra la violencia hacia las mujeres en política

Esta semana dimos un paso trascendental para las mujeres en Colombia: los partidos y movimientos políticos firmamos un ´Pacto por la paridad y la erradicación de la violencia contra las mujeres en política (VCMP)´.

Y aunque los pactos se escriben con tinta, lo más importante es que se vivan con coherencia.

Quienes hemos recorrido la política desde distintos escenarios sabemos que no ha sido fácil abrirnos camino.

La violencia contra las mujeres en política existe, y no siempre se manifiesta en golpes o agresiones físicas: está también en la descalificación, en el desprecio hacia nuestras capacidades, en los estereotipos que nos quieren reducir, en el acoso y en la invisibilización.

Esa violencia nos resta fuerza, nos margina de la toma de decisiones y limita el derecho que tenemos a participar plenamente en la vida pública.

El Partido de la U siempre ha sido respetuoso y comprometido con la participación política de las mujeres. Basta mirar los liderazgos que han surgido en nuestras filas: Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle del Cauca, una mujer que desde el Congreso impulsó la creación de la Bancada de Mujeres y promovió leyes clave por la equidad de género; Maritza Martínez Aristizábal, excongresista y hoy magistrada del Consejo Nacional Electoral, se destacó por trabajar en mejorar la situación laboral de las madres comunitarias e impulsó la Ley que creó el REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), que hoy se le exige a todos los contratistas con el Estado.

A ellas se les suman las congresistas Norma Hurtado, Astrid Sánchez Montes De Oca, Ana Paola García Soto, Milene Jarava Díaz, Teresa De Jesús Enríquez Rosero y Saray Elena Robayo Bechara, quienes trabajan todos los días por las mujeres colombianas y que, junto a tantas lideresas regionales, demuestran que cuando una mujer avanza, avanzamos todas.

En Colombia, la participación política de las mujeres ha mostrado avances importantes, pero aún enfrenta grandes retos.

Hoy ellas ocupan cerca del 30 % de las curules en el Congreso, con 55 representantes en la Cámara y una proporción similar en el Senado.

En el Ejecutivo, su liderazgo es cada vez más visible: 9 de los 19 ministerios están encabezados por mujeres.

Además, en el sector público ya ocupan el 48,26 % de los cargos directivos, lo que refleja un avance significativo en los niveles de decisión.

Sin embargo, en los escenarios territoriales la brecha persiste: aunque cada vez más mujeres se postulan, su llegada a cargos uninominales como gobernaciones o alcaldías sigue siendo limitada.

Estos datos muestran un camino de progreso, pero también un llamado urgente a consolidar la paridad en todos los espacios de poder.

Por eso causó especialmente tanta molestia en el país esta semana, que el Gobierno nacional intentara hacerle ‘el quiebre’ a la ley de cuotas de género, al hacer pasar al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, como parte de la cuota de mujeres en el gabinete presidencial.

Más allá de las luchas por la diversidad de género que siempre hemos defendido, la ley debe cumplirse. Así lo recordó un juez del Tribunal de Cundinamarca al suspender del cargo a quien se hizo pasar por mujer, arrebatándole ese espacio a una verdadera representante femenina en el gabinete.

Con esta decisión, el gobierno se ha visto obligado a rectificar: reconocerlo dentro de la cuota masculina y reponer el cupo de mujer en otro ministerio.

Rectificar siempre es positivo, y más aún cuando significa garantizar el respeto a la ley y a la participación política de las mujeres.

Hoy, como directora colegiada del Partido de la U, reitero mi convicción: no se trata de abrir cupos simbólicos, sino de garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos.

Necesitamos que las mujeres puedan hacer política sin miedo, con reglas claras, protocolos de protección frente a la violencia, recursos suficientes para sus campañas y reconocimiento a sus liderazgos.

La política no puede ser un terreno hostil, debe ser un escenario de igualdad, respeto y oportunidades. Este pacto no es solo una firma: es un compromiso colectivo para que nuestras niñas y jóvenes sepan que, si quieren ser concejalas, diputadas, congresistas o presidentas, encontrarán un camino posible y seguro.

Garantizar condiciones de igualdad y seguridad no es un favor, es un deber del Estado y de todos los partidos políticos.

Porque cuando las mujeres podemos decidir, proponer y liderar sin miedo, se construyen soluciones más justas, instituciones más sólidas y una paz que de verdad nos incluya.

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