A investigar a la Justicia

La captura en Bogotá de dos jueces y nueve funcionarios de la rama judicial que pertenecerían a una red que influía en el reparto de procesos, parece ser la punta del iceberg de la corrupción en la justicia colombiana.

Según dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, esta red, que operaba en el complejo judicial de Paloquemao, cobraría millonarias sumas de dinero por influir en el reparto de las audiencias, otorgar libertades indebidamente, precluir procesos sin el cumplimiento de los requisitos, sustituir medidas de aseguramiento y negar órdenes de captura.

Al conocer los detalles de este caso, surge una pregunta inevitable: ¿ocurre esto sólo en Bogotá? Bien vale la pena que la Fiscalía y la Policía, que adelantaron la investigación en Paloquemao, hurguen en otras ciudades, en busca de redes similares, pues los fallos y decisiones judiciales incomprensibles, desde la lógica de la ley, abundan por todo el país.

Es desconcertante una solicitud de estas, pero sobran las razones para formularla. Es necesaria una gran inspección nacional al sistema judicial, con investigaciones que revisen la actuación no sólo de jueces y funcionarios de despacho, sino que escale a todos los niveles y ponga la lupa también sobre magistrados seccionales y nacionales.

No se trata de satanizar al sistema judicial ni de caer en generalizaciones, pero sí de exigir su depuración por el bien de un país en el que la gran mayoría de sus males nacen o se alimentan de la falta de justicia, producto de la acción o la omisión voluntaria de funcionarios que sucumben ante el soborno o lo propician en pro de la impunidad y de la vulneración de los derechos de las víctimas de delincuentes que le hacen el quite a la ley.

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