Cali, febrero 3 de 2026. Actualizado: martes, febrero 3, 2026 23:07

El crecimiento de los grupos armados ilegales evidencia el fracaso de la política de seguridad y deja un desafío mayúsculo para el próximo gobierno

Los criminales crecen y el gobierno guarda silencio

Los criminales crecen y el gobierno guarda silencio
Foto: FIP
martes 3 de febrero, 2026

El más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz confirma lo que en muchas regiones del país se vive a diario: los grupos armados ilegales no solo no se han debilitado, sino que crecieron, se fortalecieron y ampliaron su control territorial durante el último año.

Frente a ese panorama, la pregunta es inevitable: ¿Qué dice el Gobierno Nacional ante esta realidad?

Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, estas estructuras ilegales superaron los 27 mil integrantes, un crecimiento superior al 23 %.

Son más de cinco mil nuevos hombres y redes de apoyo que ingresaron a organizaciones criminales en apenas doce meses. Ese aumento no ocurrió en el vacío.

Se dio en medio de ceses al fuego que estos grupos no cumplieron, de decisiones que limitaron la acción de la Fuerza Pública y de un discurso que terminó otorgándoles ventajas estratégicas mientras el Estado retrocedía en amplias zonas del país.

El caso del Clan del Golfo, del ELN y de las disidencias de las Farc es ilustrativo. Todos crecieron en número, capacidad y presencia, al tiempo que aumentaron los ataques contra la Fuerza Pública, los atentados contra infraestructura, el uso de drones con explosivos y los enfrentamientos entre organizaciones ilegales.

El impacto humanitario también se agravó, con incrementos dramáticos en desplazamiento forzado y secuestro, dos de los indicadores más dolorosos del conflicto.

Es innegable que la manera como el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha manejado la política de seguridad favoreció este escenario.

Los ceses al fuego unilaterales, la falta de confrontación real y el crecimiento de los cultivos ilícitos les dieron más recursos a estas estructuras para reclutar, armarse y expandir su control territorial.

Todo esto ocurre, además, en un contexto de falta de oportunidades en muchas regiones, donde el Estado sigue ausente y el crimen llena ese vacío.

El inicio de 2026 encuentra al país con una seguridad más frágil y en pleno año electoral.

El reto que queda para el próximo presidente es enorme: recuperar el control territorial, desmontar las economías ilegales y garantizar que el Estado vuelva a proteger a los ciudadanos.

Persistir en la negación o en la justificación solo prolongará un problema que ya mostró, con cifras contundentes, hasta dónde puede llegar.


Los criminales crecen y el gobierno guarda silencio

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