Damnificados necesitan certezas, no más expectativas

Los anuncios realizados por el presidente Abelardo De la Espriella en Roldanillo, uno de los municipios del Valle del Cauca más golpeados por el terremoto del 10 de agosto, representan una señal de compromiso con los damnificados.

Es destacable que el mandatario haya mantenido su presencia en los territorios afectados y que reiterara que su gobierno no olvidará a quienes sufrieron las consecuencias de la tragedia.

Sin embargo, después de más de tres meses, los damnificados necesitan algo más que anuncios y manifestaciones de solidaridad.

Es urgente que el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías hablen con absoluta claridad sobre los recursos disponibles, las ayudas que efectivamente podrán entregar y las responsabilidades económicas que deberán asumir los propios afectados.

Desde el terremoto se han generado enormes expectativas sobre subsidios, reconstrucción de viviendas, recuperación de establecimientos comerciales y demoliciones.

Pero hay una realidad que no puede ocultarse: los recursos públicos son limitados y no alcanzarán para cubrir todas las pérdidas ocasionadas por la tragedia.

En Cali, por ejemplo, el secretario de Gestión del Riesgo ya advirtió que muchas demoliciones deberán ser pagadas por los propietarios.

Es una situación especialmente difícil para familias que perdieron su patrimonio y que ahora enfrentan obligaciones económicas que posiblemente no puedan asumir.

Algo similar ocurre con los subsidios de arrendamiento.

Se anunciaron tres pagos mensuales y está por cumplirse el tercero, pero las familias siguen sin resolver su situación habitacional.

¿Habrá una cuarta cuota? ¿Una quinta? ¿O deberán asumir por completo el arriendo mientras esperan una solución que puede tardar años? Las autoridades tienen que responder estas preguntas antes de que se agoten las ayudas.

Mantener expectativas que después no podrán cumplirse es una irresponsabilidad.

Además de profundizar la frustración de quienes ya lo perdieron todo, puede alimentar un clima de inconformidad social que se agrave con el paso de los meses.

La solidaridad del Estado no puede medirse únicamente por la cantidad de anuncios, sino por su capacidad de cumplir lo prometido y explicar con franqueza sus limitaciones.

Los damnificados tienen derecho a saber qué recibirán, cuándo lo recibirán y qué tendrán que resolver por sus propios medios.

La verdad puede ser difícil de aceptar, pero siempre será menos perjudicial que prolongar una esperanza que termine convirtiéndose en otra decepción.

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