Garantías y seguridad para la oposición

La alerta por un posible atentado contra los concejales del Centro Democrático en Cali, Juan Felipe Murgueitio y Andrés Escobar, presuntamente planeado por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, expone una amenaza grave.

Según información entregada por un desertor de ese grupo armado, el ataque se haría con drones modificados, ante lo cual la Policía inició una verificación del plan, que estaría ligado a las operaciones del grupo ilegal en Jamundí.

No es la primera vez que el Valle del Cauca enfrenta una amenaza de este tipo.

El 11 de abril de 2002, doce diputados de la Asamblea Departamental fueron secuestrados por las Farc en Cali.

Once de ellos fueron asesinados en cautiverio cinco años después.

Fue un episodio que marcó la historia reciente del país y que no se puede permitir que se repita.

Los concejales, congresistas, alcaldes y demás funcionarios elegidos por voto popular no están exentos de la violencia que hoy se expande peligrosamente, cada vez más cerca de las ciudades.

Además, la democracia exige garantías para el ejercicio político y, en el caso de los dos concejales uribistas de Cali, proteger la vida y la integridad de los opositores debe ser prioridad del Gobierno Nacional.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido en una política de concesiones que no ha traído paz; se han otorgado privilegios a criminales de toda índole y el resultado ha sido totalmente contrario al esperado: más violencia, más control territorial, más temor.

Ahora, Cali y Popayán están en la mira de estos grupos y las autoridades locales requieren respaldo real del ejecutivo.

Con la racha de secuestros y asesinatos a finales del siglo pasado y comienzos del actual, la historia ya mostró lo que cuesta la indiferencia.

La seguridad de quienes ejercen la política, sea cual sea su ideología, no es negociable.

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