Cali, noviembre 21 de 2026. Actualizado: sábado, noviembre 21, 2026 14:00
Las reformas tributarias y las denuncias contra Gustavo Petro evidencian una doble moral política que antepone las lealtades partidistas a los intereses y derechos de los colombianos
La indignación selectiva de los políticos
Uno de los grandes problemas de la política colombiana es la indignación selectiva.
Para muchos dirigentes, la gravedad de una decisión o de un escándalo no depende de sus consecuencias para el país, sino de quién sea su protagonista.
Si se trata de un aliado, aparecen las justificaciones o el silencio; si es un adversario, surgen las condenas más contundentes.
Las reformas tributarias son un ejemplo evidente.
Quienes guardaron silencio o respaldaron las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, incluida la que logró aprobarse, hoy cuestionan con vehemencia la reforma propuesta por el presidente Abelardo de la Espriella.
Y aunque tienen razones para rechazar una iniciativa que golpea el bolsillo de los colombianos, deberían recordar que la reformas de Petro impuso cargas económicas perjudiciales.
La contradicción también se presenta en sentido contrario.
Sectores políticos que combatieron ferozmente las reformas tributarias de Petro ahora buscan cómo justificar o salvar la propuesta de De la Espriella.
¿Por qué una medida que afecta a los contribuyentes cambia de valoración dependiendo del presidente que la presente? Los intereses de los ciudadanos deberían estar por encima de cualquier afinidad partidista.
Otro episodio que pone a prueba esa coherencia son las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por la supuesta entrega de contratos a mujeres a cambio de favores sexuales.
Se trata de señalamientos de enorme gravedad que deben ser investigados por las autoridades para determinar su veracidad y establecer las responsabilidades correspondientes.
Sin embargo, llama la atención el silencio o las justificaciones de sectores políticos que se proclaman defensores de los derechos de las mujeres y que, ante acusaciones semejantes contra sus adversarios, suelen exigir explicaciones y sanciones inmediatas.
La defensa de los derechos de las mujeres no puede depender de la identidad política del denunciado, así como la defensa del bolsillo de los colombianos no puede cambiar según quién presente una reforma tributaria.
Los congresistas y dirigentes deben entender que su responsabilidad no consiste en proteger al presidente de turno ni en justificar las actuaciones de sus aliados.
Su obligación es defender los intereses del país y los derechos de los ciudadanos.
Mientras la clase política siga aplicando una moral para sus amigos y otra para sus adversarios, la ciudadanía tendrá razones para desconfiar de quienes dicen representarla.

