Voto fusil: ¿Hubo voto bajo presión armada?

La verdadera discusión que debería abrirse después de las elecciones presidenciales no gira alrededor de un supuesto fraude en el sistema electoral.

Esa hipótesis fue planteada sin pruebas y quedó desvirtuada por los organismos nacionales e internacionales que acompañaron el proceso, por la transparencia de los escrutinios y por la solidez institucional demostrada durante toda la jornada electoral.

La pregunta que sí merece una investigación rigurosa es otra: ¿Existió presión armada sobre los votantes en algunos territorios del país? No se trata de afirmar que ocurrió, se trata de examinar hechos que, por lo menos, resultan llamativos y que ameritan una revisión detallada por parte de las autoridades competentes.

Los datos divulgados en los últimos días muestran incrementos de participación electoral muy superiores al promedio nacional en departamentos históricamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales.

Al mismo tiempo, en algunos municipios se registraron votaciones extraordinariamente concentradas en favor de un solo candidato, con porcentajes que en ciertos casos superaron el 95% e incluso alcanzaron el 100% de los votos depositados en determinadas mesas.

Cada uno de estos hechos, por separado, podría tener explicaciones legítimas.

Pero cuando coinciden el aumento atípico de la participación, la presencia histórica de organizaciones armadas y la concentración casi absoluta de la votación en favor de un mismo candidato, surgen preguntas que no pueden ser ignoradas.

Más aún cuando durante la campaña presidencial se conocieron denuncias sobre presuntas presiones de grupos ilegales en diferentes regiones del país para obligar a votar por el candidato Iván Cepeda, quien aunque en campaña rechazó cualquier forma de constreñimiento al votante, aparece con grandes ventajas al revisar los resultados de municipios con alta presencia de actores criminales en Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo.

Precisamente, por eso resulta indispensable llegar al fondo del asunto. La democracia no solo exige que los votos sean correctamente contados, también exige que sean depositados libremente.

La transparencia electoral no depende únicamente de la Registraduría, de los jurados o de los escrutinios, depende también de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin amenazas, intimidaciones o presiones de ningún tipo.

Lo que está en juego tras estas dudas no son los resultados presidenciales ya conocidos.

Lo que está en juego es la necesidad de garantizar que en futuras elecciones, especialmente las regionales del próximo año, ningún grupo armado tenga capacidad para influir sobre la elección de alcaldes, gobernadores, diputados o concejales mediante el control territorial o el miedo.

Por eso las autoridades electorales, los organismos de control y la Fiscalía deben analizar cuidadosamente estos casos.

Si no hubo presión armada, será importante demostrarlo. Pero si la hubo, el país tiene derecho a saberlo y el Estado tiene la obligación de impedir que vuelva a ocurrir.

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