Las instituciones no se derriban, se respetan

El presidente Gustavo Petro dijo esta semana, en alocución televisada, una frase que debe encender todas las alarmas democráticas: “Cuando las instituciones van en contra del pueblo, ahí no pasa sino una cosa: las instituciones se van”.

Esa afirmación no solo es peligrosa por su contenido. Es reveladora del camino que el mandatario parece decidido a recorrer.

Si las instituciones no responden a lo que el presidente considera voluntad popular, ¿serán desechadas? ¿Si la Corte Constitucional, como ya lo hizo el Congreso, le niega el decreto con el que pretende convocar una consulta popular, también será desconocida? ¿Estamos ante un Ejecutivo que empieza a operar por fuera de los límites que establece la Constitución?

Desconocer al Congreso, como ya lo hace, y eventualmente a la Corte, como podría hacerlo, configura un quiebre institucional grave.

Un gobierno que actúa ignorando las decisiones de los demás poderes públicos es, en esencia, un gobierno de facto. Un poder sin controles, que impone y no debate, que sustituye la legalidad por la voluntad del gobernante.

Más preocupante aún es la lógica detrás de las palabras del presidente. En su discurso, da a entender que él representa al “pueblo”, y que por lo tanto, contradecirlo es ir en contra de la nación.

Pero ¿quién es el pueblo para Petro? ¿Solo quienes lo apoyan? ¿Solo quienes marchan por sus causas?

La democracia se basa en la pluralidad, no en la unanimidad. Y ningún gobernante, por más respaldo que tenga, puede autoproclamarse encarnación de la voluntad nacional.

Contrario a lo que afirma el presidente, las instituciones sí funcionan. Y fue precisamente en ejercicio de sus funciones que el Senado negó la consulta. Si esa decisión no le gusta, debe acudir a los caminos legales.

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