Energía en riesgo, país vulnerable

Colombia enfrenta un riesgo real de desabastecimiento energético en el corto plazo, una advertencia que ya no proviene de escenarios hipotéticos, sino de diagnósticos concretos del sector.

El margen de respaldo entre oferta y demanda pasó de niveles históricos de hasta 15% a un terreno negativo de -2,3%, lo que deja al sistema expuesto ante eventos como el fenómeno de El Niño.

Esta situación no solo compromete el suministro, sino que revela la falta de previsión en un tema estratégico para el país.

En ese contexto, las advertencias expuestas en espacios como el Congreso de Naturgas y por los gremios del sector no pueden ser ignoradas.

Resulta preocupante que el país dependa de factores climáticos para garantizar su abastecimiento.

No es estratégico que la seguridad energética quede sujeta a la intensidad de un fenómeno natural, especialmente cuando la generación hidroeléctrica disminuye y aumenta la dependencia de fuentes térmicas con disponibilidad incierta.

Además, el problema no es reciente. Existe un rezago estructural en la ejecución de proyectos, con una implementación inferior al 28 % de lo previsto en los últimos cinco años y retrasos de hasta 13 años en infraestructura clave.

A esto se suman decisiones del actual gobierno que han generado incertidumbre regulatoria, afectando la confianza y frenando inversiones estimadas entre 10 y 13 billones de pesos.

El impacto económico de esta situación es significativo. En escenarios de escasez, el costo de generación puede superar los 1.000 pesos por kilovatio/hora, frente a valores normales de entre 90 y 120 pesos.

Además, un eventual apagón podría representar pérdidas de hasta 1,7 puntos del PIB, en una economía que crece cerca del 2,5%.

Por eso, las propuestas del sector energético no pueden verse como un ejercicio teórico, sino como una hoja de ruta urgente.

Garantizar seguridad energética, estabilidad regulatoria, acelerar proyectos y modernizar el mercado son condiciones necesarias para evitar un escenario crítico.

En consecuencia, las decisiones que se tomen ahora definirán el riesgo de los próximos años.

No se trata solo de evitar apagones, sino de asegurar condiciones para el desarrollo económico y social del país.

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