Buenaventura demuestra que la seguridad lo es todo

Lo que hoy ocurre en Buenaventura debería convertirse en una poderosa lección para Colombia en un momento en que el país discute su futuro y está a pocos días de elegir presidente.

La crisis que atraviesa el principal puerto sobre el Pacífico demuestra que la seguridad no es un asunto secundario ni un tema exclusivo de policías y militares.

La seguridad es la base sobre la cual funcionan la economía, el turismo, la movilidad, la inversión y, en últimas, la calidad de vida de los ciudadanos.

Las cifras son contundentes. Empresarios del sector turístico reportaron una caída de hasta el 95% en las reservas hoteleras tras los recientes hechos de violencia y los bloqueos que afectan la vía de acceso al puerto.

Lo que para algunos puede parecer simplemente un problema de orden público, en realidad se traduce en pérdidas económicas, desempleo y menos ingresos para cientos de familias que dependen de esta actividad.

El asesinato de Alexander Valencia y la desaparición de su hijo Nicolás en el sector de La Bocana golpearon profundamente la imagen de Buenaventura.

A ello se suman los bloqueos recurrentes en la carretera que comunica al puerto con el resto del país, generando una combinación devastadora para una ciudad que encuentra en el turismo una de sus principales oportunidades de desarrollo.

El mensaje que reciben los potenciales visitantes es claro y preocupante. Muchos ya no solo piensan en la belleza de los destinos turísticos de Buenaventura, también piensan en los riesgos de seguridad y en la posibilidad de quedar atrapados durante días por cuenta de un bloqueo.

Eso fue precisamente lo que ocurrió la semana pasada con personas que viajaron al puerto y terminaron permaneciendo allí varios días adicionales porque la vía estuvo cerrada.

Por eso, el caso de Buenaventura demuestra que la seguridad y la movilidad son dos caras de una misma moneda.

De poco sirve promover destinos turísticos, impulsar inversiones o diseñar estrategias de desarrollo si las personas no pueden desplazarse con tranquilidad o temen por su integridad física.

También deja una enseñanza sobre los efectos de la permisividad. La permisividad frente a los grupos criminales y la permisividad frente a los bloqueos terminan produciendo consecuencias similares: afectan la libertad de los ciudadanos, alteran la vida cotidiana y generan enormes costos económicos y sociales.

Los bloqueos no son un asunto menor. Cada vez que una carretera estratégica es cerrada, se afectan trabajadores, estudiantes, comerciantes, empresarios y familias enteras.

Se retrasan mercancías, se encarecen productos, se pierden oportunidades de negocio y se deteriora la confianza en los territorios.

Algo similar ocurre con la violencia. Cuando los criminales logran imponer el miedo, los primeros perjudicados son los ciudadanos honestos que quieren trabajar, emprender y construir un mejor futuro para sus familias.

La inseguridad termina convirtiéndose en un impuesto invisible que pagan todos los sectores de la sociedad.

A pocos días de que Colombia defina quién gobernará el país a partir del próximo 7 de agosto, el caso de Buenaventura deja una lección que no debería ignorarse.

La seguridad no es un lujo ni una promesa de campaña, es una condición indispensable para que funcione la economía, para que exista bienestar y para que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos de vida.

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