El Cauca bajo “toque de queda”: ¿Y el Estado qué?

El “toque de queda” impuesto por el ELN en diez municipios del sur del Cauca es, además de ilegal, una muestra alarmante de la profundidad del control territorial que ejercen los grupos armados en esta región.

Que una organización al margen de la ley pueda restringir la circulación y la movilidad de miles de ciudadanos sin que el Estado intervenga con contundencia es un desafío directo a la autoridad y un síntoma claro del vacío de poder que deja el Gobierno en vastas zonas del país.

Esta imposición, que no es nueva, pues en otras regiones como el Chocó el mismo ELN ha decretado paros armados que paralizan varios municipios, confirma que las comunidades están quedando a merced de las reglas de facto de los criminales.

Bajo la excusa de combatir a otros actores ilegales, el ELN impone su ley, decide quién puede salir de su casa, limita la economía local y utiliza el miedo como herramienta de control social.

En paralelo, se agudiza la guerra con otros grupos por el control de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la usurpación de tierras.

La ausencia del Estado en estos territorios no solo pone en riesgo la vida de la población civil, que ya sufre desplazamientos, confinamientos y asesinatos, como la reciente masacre en La Vega, sino que fortalece a las organizaciones armadas al permitirles ampliar cultivos ilícitos, laboratorios y rutas de tráfico.

Es inaceptable que, después de prometer la recuperación del Cauca y montar despliegues mediáticos como el del gabinete en El Plateado, la presencia institucional se disuelva en cuanto se apagan las cámaras.

Retomar el control territorial no es solo una cuestión de soberanía, sino una obligación para proteger a la ciudadanía y cortar el flujo de recursos que financia la guerra.

Si no se actúa con decisión, el sur del Cauca seguirá sumido en una espiral de violencia donde la autoridad legítima la ejercen las armas, no la ley.

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