Retrocedimos 25 años en seguridad

Los hechos ocurridos esta semana en el Cauca son la prueba más contundente de que Colombia retrocedió 25 años en materia de seguridad.

Volvimos a los bloqueos armados, a los cilindros en la vía Panamericana, a los retenes ilegales y los atentados con explosivos en zonas urbanas parecen parte del paisaje. Hoy, transitar por el suroccidente es, otra vez, una ruleta rusa.

El municipio de Rosas fue blanco de un ataque con un dron cargado de explosivos, hecho que dejó varios policías y civiles heridos. En Popayán, Cajibío y Mojarras, las disidencias de las Farc bloquearon la carretera con camiones atravesados y cilindros marcados con símbolos insurgentes.

Como hace dos décadas, la comunidad quedó atrapada en medio del miedo.

La diferencia con el pasado es que esta vez el Estado no enfrenta con contundencia a los criminales. La política del presidente Gustavo Petro de ofrecer ceses “bilaterales” que realmente han sido unilaterales, evitar operativos y sugerir zonas de despeje, que es el próximo paso a seguir, no sólo le dio ventaja a los violentos, sino que los envalentonó.

Las limitaciones puestas a la Fuerza Pública para actuar ha tenido consecuencias que hoy afectan a la población civil: niños sin clase, familias sitiadas, transportadores varados y comerciantes ahogados por la parálisis.

Es desconcertante e inexplicable que, en lugar de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, el gobierno nacional parece dispuesto a cederlo. La pasividad oficial envía el peor mensaje posible.

La comunidad no puede ser rehén ni escudo humano de una estrategia política fallida, el primer deber del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos y hoy, por inacción que parece deliberada, no lo está cumpliendo.
Lo que está en juego no es una carretera, es el derecho básico a vivir sin miedo.

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