¿Por qué Tuluá decretó toque de queda? Incendios y amenazas sacuden al municipio

La Alcaldía de Tuluá decretó un toque de queda en todo el municipio desde las 6:00 p. m. del miércoles 4 de junio hasta las 5:00 a. m. del jueves 5 de junio. Esta decisión se tomó tras registrarse graves hechos de alteración del orden público en distintos sectores de la ciudad.

Según informaron las autoridades, al menos cuatro vehículos fueron incendiados en puntos como el callejón Siete Vueltas en el corregimiento de Aguaclara, el barrio Bosques de Maracaibo y Portales del Río.

La situación estaría relacionada presuntamente con la posible extradición a Estados Unidos de Andrés Marín, alias ‘Pipe Tuluá’.

La medida fue oficializada mediante el decreto 200.59.3.385, firmado por el alcalde Gustavo Vélez, con el objetivo de prevenir mayores riesgos y garantizar la seguridad ciudadana.

Las restricciones aplican a toda la población, con excepción de personal médico, de emergencia, de seguridad y quienes deban movilizarse por razones de fuerza mayor.

Restricciones adicionales

Además del toque de queda en Tuluá, la Alcaldía implementó otras medidas excepcionales. Se prohibió la venta de combustible en recipientes como botellas, tanques o envases plásticos, y desde las 8:00 p. m. se restringió el suministro de gasolina a motocicletas.

También quedó prohibida la circulación de motociclistas con acompañante o parrillero durante la vigencia de estas restricciones.

El secretario de Gobierno, José Martín Hincapié Álvarez, explicó que las decisiones se adoptaron con base en la situación de seguridad reportada durante el día.

Las vías que rodean edificios estratégicos como la Alcaldía, el Concejo Municipal, la Fiscalía, el Palacio de Justicia y el IMPEC fueron cerradas como medida preventiva.

La Policía Nacional y el Ejército desplegaron operativos especiales para custodiar los sectores más sensibles del municipio. El objetivo es contener posibles nuevas acciones que puedan afectar los bienes públicos y la integridad de los ciudadanos.

Según el decreto, estas medidas se toman en ejercicio de las facultades legales del alcalde como primera autoridad de policía del municipio.

La Constitución y el Código Nacional de Seguridad autorizan imponer restricciones transitorias cuando la seguridad pública esté en riesgo.

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