Valle socializa ley contra violencia política a mujeres: foco está en su aplicación efectiva

La implementación de la Ley 2453 de 2025, orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en Colombia, fue analizada en un espacio académico realizado el 21 de abril de 2026 en la Universidad Santiago de Cali.

El encuentro contó con la participación de funcionarias de la Gobernación del Valle del Cauca y miembros de la comunidad universitaria, quienes abordaron los alcances de la norma y los retos para su aplicación en el ámbito territorial.

Durante la jornada, la secretaria general del departamento, Liza Rodríguez Galvis, señaló que el principal desafío está en llevar la ley a la práctica institucional.

“El desafío es garantizar que esta ley se traduzca en acciones efectivas de protección. No basta con reconocer el problema; se requiere capacidad institucional para prevenir y sancionar”, afirmó.

Herramientas jurídicas y retos territoriales

La directora del Departamento Administrativo de Jurídica, Diana Lorena Vanegas, explicó que la Ley 2453 de 2025 incorpora mecanismos concretos para enfrentar la violencia política de género.

“La Ley 2453 establece conductas sancionables, define rutas de atención y fortalece los mecanismos de protección de los derechos políticos de las mujeres”, indicó.

El análisis académico permitió revisar la forma en que estas herramientas pueden articularse con las entidades territoriales, en un contexto donde persisten riesgos asociados a distintas formas de violencia.

Contexto de participación y riesgos

Durante el espacio se discutió que la participación política femenina continúa enfrentando prácticas de deslegitimación, así como expresiones de violencia simbólica, psicológica y estructural.

Estas dinámicas, según lo expuesto en la jornada, afectan el ejercicio de los derechos políticos y la representación de las mujeres en escenarios de decisión.

El análisis de la Ley 2453 de 2025 en Cali puso el foco en la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para garantizar su cumplimiento y atender los casos de violencia política de género.

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