Cali tres meses después: las heridas del terremoto que aún esperan respuesta

Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, miles de familias enfrentan la incertidumbre de la reconstrucción, las dificultades para recibir subsidios y una crisis económica silenciosa que también golpea a quienes no perdieron sus viviendas, pero sí sus ingresos.

En Cali, el terremoto del 10 de agosto todavía se puede ver.

Está en los edificios que comenzaron a desaparecer bajo las máquinas de demolición, en las construcciones que siguen esperando una evaluación definitiva y en las viviendas a las que sus propietarios no han podido regresar.

Pero también permanece en lugares menos visibles: en las cuentas que no alcanzan, en los trabajos que se perdieron y en las familias que llevan tres meses preguntándose cuándo podrán recuperar algo parecido a la vida que tenían antes.

Noventa y dos días han transcurrido desde aquella mañana que cambió la historia de miles de caleños.

La emergencia inmediata terminó, las operaciones de rescate quedaron atrás y la ciudad recuperó buena parte de su actividad cotidiana.

Sin embargo, para quienes perdieron sus casas o tuvieron que abandonarlas, el tiempo parece avanzar de otra manera.

Cada día representa un gasto adicional, otra noche lejos del hogar y una nueva pregunta sobre el futuro.

El recorrido por las huellas documentadas del desastre permite entender que Cali enfrenta mucho más que un problema de infraestructura.

El terremoto destruyó patrimonio, alteró economías familiares y dejó al descubierto una compleja cadena de dependencias económicas.

Porque detrás de cada edificio desocupado también puede haber una empleada doméstica sin trabajo, un vigilante que perdió su puesto, un pequeño negocio sin clientes o un propietario que dejó de recibir el arriendo con el que pagaba sus obligaciones.

Cicatrices abiertas

En el sur de Cali, las demoliciones de la Unidad Residencial Guadalupe y del antiguo apartahotel Moulin Rouge se convirtieron en algunas de las imágenes más representativas de la tragedia.

Las estructuras averiadas comenzaron a desaparecer, transformando un paisaje que durante décadas había sido parte de la cotidianidad de sus vecinos.

La demolición no equivale a reconstrucción.

Derribar una estructura peligrosa puede resolver un riesgo inmediato, aunque deja pendientes preguntas más difíciles: ¿qué se levantará en su lugar?, ¿quién financiará las nuevas viviendas?, ¿cuándo podrán regresar los antiguos residentes?

La dimensión del problema quedó reflejada en los primeros balances de la emergencia.

El Diario Occidente reportó 769 edificaciones clasificadas como no habitables y otras 475 con uso restringido.

También registró 52.809 familias evaluadas mediante el Registro Único de Familias en Emergencia y 45.139 reportadas como damnificadas.

Estas cifras corresponden a categorías distintas y no significan que todas las familias hayan perdido su vivienda.

Las consecuencias tampoco fueron iguales en todos los sectores.

En Cuarto de Legua, por ejemplo, el comportamiento de las edificaciones abrió interrogantes sobre las características de los suelos, la antigüedad de las construcciones y su respuesta ante un movimiento sísmico de semejante magnitud.

Investigadores de la Universidad del Valle han explicado que la intensidad del movimiento y las características estructurales ayudan a entender por qué algunos edificios sufrieron daños graves mientras otros cercanos resistieron.

El panorama es especialmente complejo en los conjuntos residenciales donde la afectación de una torre compromete la tranquilidad de toda una comunidad.

No basta con que un apartamento conserve sus paredes.

Para regresar se necesitan garantías sobre la seguridad de la estructura, las zonas comunes, las redes de servicios y las condiciones generales de habitabilidad.

En otros lugares, el paisaje de escombros sigue siendo una preocupación.

El 3 de noviembre, habitantes de Reservas de Meléndez 1, en Alto Jordán, denunciaron durante una visita del concejal Rodrigo Salazar Sarmiento que todavía había materiales sin retirar y que persistían dificultades para obtener respuestas sobre sus viviendas.

Tres meses después, Cali no solamente tiene edificios por reconstruir.

Tiene comunidades enteras esperando saber si podrán volver a ocupar los lugares que consideraban seguros.

El subsidio

Para miles de damnificados, la preocupación inmediata no es todavía la construcción de una vivienda nueva.

Es conseguir el dinero para pagar el arriendo del próximo mes.

El Gobierno Nacional estableció un apoyo económico de $1.050.543 mensuales durante tres meses para hogares que cumplieran las condiciones de afectación previstas en la reglamentación.

En teoría, se trataba de una respuesta temporal para evitar que quienes perdieron la posibilidad de habitar sus viviendas quedaran también sin techo.

En la práctica, el proceso ha estado acompañado de dificultades administrativas y reclamos ciudadanos.

Las quejas comenzaron con las demoras en los desembolsos y continuaron con inconsistencias en los registros.

Nombres equivocados, documentos que no coincidían y diferencias entre la clasificación física de las viviendas y los datos incorporados a las plataformas oficiales se convirtieron en obstáculos para acceder a las ayudas.

La Defensoría del Pueblo advirtió el 15 de octubre sobre estas dificultades.

Señaló posibles errores en la clasificación de inmuebles, retrasos en las evaluaciones técnicas, demoras en los subsidios y problemas derivados del cierre del Registro Único de Damnificados, que impedía actualizar información.

También alertó sobre la escasez de viviendas disponibles y el incremento de los arriendos.

En Reservas de Meléndez 1, las denuncias se concentraron precisamente en las diferencias entre los certificados de afectación y las condiciones de las torres.

Para las familias, un error de clasificación no es un asunto menor: puede convertirse en la diferencia entre recibir un apoyo económico o continuar esperando.

El 4 de noviembre comenzó otra jornada de pagos, con 85 puntos de Gane-SuperGIROS y un punto masivo en Cosmocentro.

El anuncio representó un avance, pero no resolvía por sí solo los reclamos de quienes seguían sin aparecer correctamente en los registros.

Y hay otra preocupación: los subsidios temporales tienen fecha de terminación, mientras que la reconstrucción no tiene una fecha única de entrega.

Para una familia sin vivienda, tres meses de ayuda resultan insuficientes frente a una recuperación que se proyecta en años.

Los que no aparecen en las estadísticas

Hay una dimensión del terremoto que no se mide contando edificios destruidos.

Es la economía que funcionaba alrededor de esos edificios y que también resultó alterada.

Una vivienda no solamente representa un patrimonio para su propietario.

También puede ser el lugar de trabajo de una empleada doméstica, una persona dedicada al cuidado de adultos mayores, un jardinero o alguien que realiza labores ocasionales de limpieza y mantenimiento.

Cuando una edificación queda inhabitable, esas actividades pueden desaparecer o reducirse drásticamente.

Y quienes dependen de ellas no necesariamente figuran como damnificados directos, porque su propia casa puede estar intacta.

Este es uno de los vacíos que Cali necesita dimensionar.

¿Cuántas trabajadoras domésticas perdieron sus ingresos porque las familias que las contrataban abandonaron sus apartamentos? ¿Cuántos trabajadores independientes dejaron de prestar servicios en conjuntos residenciales desocupados? ¿Cuántos empleos formales e informales desaparecieron como consecuencia indirecta del terremoto?

Hasta ahora, la documentación pública consultada no permite establecer una cifra consolidada para estas pérdidas laborales indirectas.

Por eso sería incorrecto afirmar cuántas personas están en esa situación.

Pero la ausencia de una medición no significa que el problema carezca de importancia.

Detrás de un restaurante cerrado hay una cadena económica que puede incluir cocineros, meseros, domiciliarios, proveedores y trabajadores ocasionales.

La recuperación de las ventas de algunos negocios tampoco significa que todos los empleos y los ingresos hayan regresado a sus niveles anteriores.

El desafío consiste en reconocer que no todos los damnificados perdieron ladrillos.

Algunos perdieron clientes, contratos, ingresos o la posibilidad de seguir trabajando en los lugares donde obtenían su sustento.

La tragedia y la clase media

Otro de los efectos menos comprendidos del terremoto es el impacto sobre familias de estratos 4 y 5, e incluso 6, que antes de la emergencia tenían una situación económica relativamente estable.

Vivir en un sector de estrato medio o alto no significa disponer de ahorros suficientes para enfrentar la pérdida de una vivienda.

Una familia puede tener un apartamento propio, pero también una deuda hipotecaria, obligaciones educativas, gastos médicos y compromisos mensuales que dependen de ingresos ajustados.

Si ese apartamento queda inhabitable, el patrimonio permanece comprometido mientras aparecen nuevas obligaciones: pagar otro arriendo, trasladar pertenencias, asumir reparaciones y continuar atendiendo los gastos habituales.

La situación puede ser todavía más difícil para pensionados o propietarios cuya principal fuente de ingresos era precisamente el inmueble afectado.

Perder temporalmente la posibilidad de habitarlo o arrendarlo puede modificar por completo sus finanzas.

El Ministerio de Vivienda reconoció esta problemática.

Según la caracterización oficial divulgada entonces, el 48 % de las personas de estratos 4, 5 y 6 que perdieron sus viviendas tenía más de 50 años.

El terremoto dejó al descubierto una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida: hay hogares que no son pobres según su clasificación socioeconómica, pero que tampoco tienen capacidad para resistir una pérdida patrimonial de semejante magnitud.

Las promesas y el largo camino

La reconstrucción de Cali se ha convertido en una carrera contra el tiempo, aunque sus resultados todavía están lejos de ser proporcionales a la magnitud de los daños.

A finales de agosto, la Alcaldía presentó una hoja de ruta que contemplaba un horizonte aproximado de tres años.

Posteriormente, el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, expresó la intención de comenzar obras de reconstrucción antes de finalizar diciembre de 2026.

Se trata de metas oficiales, no de garantías de que todas las viviendas estarán recuperadas dentro de ese plazo.

Sin embargo, el contraste entre los anuncios y la situación de miles de afectados sigue siendo considerable

Tres meses después, la pregunta no es solamente cuánto dinero se ha anunciado, sino cuánto ha llegado efectivamente a los afectados, cuántas viviendas tienen una solución definitiva y qué ocurrirá con las familias que todavía esperan.

El desafío será mucho más prolongado que las primeras entregas de subsidios.

Habrá que demoler, diseñar, financiar, obtener permisos, reconstruir y recuperar la confianza en edificaciones y barrios.

También será necesario reactivar economías familiares, atender las consecuencias emocionales de la tragedia y establecer mecanismos para que los afectados indirectos no queden olvidados.

Tres meses después, la ciudad empieza a comprender que reconstruirse no será solamente levantar paredes.

Porque mientras las autoridades hablan de proyectos, presupuestos y cronogramas, miles de caleños siguen haciendo cuentas para llegar a fin de mes, esperando una respuesta sobre sus viviendas o intentando recuperar el trabajo que tenían antes del terremoto.

Y esa es quizá la huella más profunda que dejó la tragedia: la incertidumbre de no saber cuándo terminará.

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