Brazaletes electrónicos en Colombia: denuncias por fallas, investigación de la Procuraduría y respuesta oficial de la USPEC

La reciente controversia por los brazaletes electrónicos utilizados para monitorear personas con detención domiciliaria en Colombia generó debate sobre el funcionamiento del sistema de vigilancia electrónica.

Mientras algunos reportes advierten fallas en dispositivos y cuestionamientos al contrato que opera el servicio, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, aseguró que el sistema funciona con normalidad y descartó fallas estructurales.

La discusión surge luego de que alertaran sobre presuntas desconexiones en los dispositivos utilizados para el monitoreo de personas privadas de la libertad con este beneficio judicial.

Documentos citados por la Procuraduría señalan que cerca de 400 brazaletes y equipos complementarios presentaron interrupciones en distintos periodos, lo que despertó preocupación sobre la efectividad del control a personas con detención domiciliaria.

Estas situaciones se relacionan con el contrato 357 de 2023 firmado entre la USPEC y una unión temporal encargada de operar el sistema.

El acuerdo supera los 113 mil millones de pesos y contempla el monitoreo permanente de personas privadas de la libertad mediante brazaletes electrónicos.

De acuerdo con reportes conocidos públicamente, la Contraloría también advirtió posibles irregularidades en pagos relacionados con el contrato.

El organismo de control señaló inconsistencias que podrían alcanzar cerca de 15 mil millones de pesos por servicios que no habrían garantizado un funcionamiento adecuado del sistema de vigilancia electrónica.

Investigación y respuesta oficial

En medio de la controversia, la Procuraduría General de la Nación anunció el 4 de marzo de 2026 la apertura de una investigación disciplinaria contra funcionarios de la USPEC.

El objetivo es establecer si existieron irregularidades en la ejecución del contrato y verificar posibles pagos indebidos o inconsistencias en los informes técnicos relacionados con el servicio.

El proceso busca esclarecer denuncias sobre la operación de los brazaletes electrónicos, sistema que se utiliza como medida alternativa a la reclusión en centros penitenciarios.

Estos dispositivos permiten supervisar la ubicación de las personas que cumplen detención domiciliaria y generan alertas cuando se registran desconexiones, manipulación o incumplimiento de los límites establecidos por la autoridad judicial.

Frente a las denuncias, la USPEC publicó un comunicado en el que aclaró que el sistema de vigilancia electrónica no presenta fallas estructurales ni afectaciones sistémicas.

Según la entidad, el monitoreo opera de manera permanente las 24 horas del día y actualmente permite el seguimiento a más de 5.154 personas privadas de la libertad en todo el país.

La entidad también explicó que las desconexiones registradas desde 2024 corresponden principalmente a daños intencionales en los dispositivos por parte de las personas monitoreadas o a interferencias ambientales.

Según la institución, estos casos no responden a negligencia institucional ni a problemas generalizados en el sistema.

La USPEC indicó además que el sistema está diseñado para generar alertas automáticas ante eventos como vandalismo, desconexiones o transgresión de geocercas.

Estas alertas se reportan a las autoridades judiciales, quienes analizan la información y toman decisiones sobre el mantenimiento o revocatoria del beneficio de vigilancia electrónica.

La supervisión del sistema se realiza a través del Centro de Reclusión Virtual Inmediata del Inpec, desde donde se reciben reportes permanentes del monitoreo.

En este proceso participan autoridades judiciales, la Policía Nacional y organismos de control como la Procuraduría y la Fiscalía.

La entidad también reiteró que la decisión de otorgar o retirar el beneficio de vigilancia mediante brazaletes electrónicos corresponde exclusivamente a los jueces de ejecución de penas.

Mientras tanto, el contrato actual para la operación del sistema se mantiene vigente hasta julio de 2026.

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