Defensoría del Pueblo alerta por transición a Nueva EPS en la atención en salud de personas privadas de la libertad

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre riesgos en la atención en salud de más de 100.000 personas privadas de la libertad tras la decisión de adoptar un operador único a cargo de la Nueva EPS.

La entidad expresó preocupación por el impacto que puede generar la transición en una población que depende del Estado para el ejercicio de sus derechos.

El pronunciamiento surge luego de que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad decidiera implementar el nuevo esquema de prestación del servicio.

La Defensoría señaló que el cambio exige estudios técnicos suficientes y una planeación que garantice continuidad asistencial.

Además, la entidad sustentó su alerta en la situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa la Nueva EPS.

La Procuraduría General de la Nación advirtió dificultades tras dos años de intervención. A esto se suma el elevado número de acciones de tutela interpuestas en su contra durante 2025.

Según la Defensoría, este panorama genera incertidumbre sobre la capacidad real de la EPS para asumir la atención integral de las personas privadas de la libertad.

Por ello, solicitó a las autoridades competentes asegurar una transición que no interrumpa tratamientos ni afecte el suministro oportuno de medicamentos.

Llamado a garantizar derechos

La Defensoría recordó que la Corte Constitucional declaró en cuatro ocasiones el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.

Las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022 evidencian fallas estructurales persistentes, especialmente en la garantía del derecho a la salud.

Asimismo, el Auto 607 de 2024 señaló la persistencia de barreras graves de acceso a servicios médicos para esta población.

En este contexto, la entidad insistió en que cualquier modificación en el modelo de atención debe respetar los estándares fijados por la jurisprudencia constitucional.

De igual forma, subrayó que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 prohíbe retrocesos en la garantía del derecho fundamental a la salud. Por tanto, pidió que la transición a la Nueva EPS incorpore un enfoque diferencial basado en derechos humanos y asegure estabilidad en la prestación del servicio.

La Defensoría también informó que desde enero solicitó ser invitada al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.

La petición buscó aportar desde la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y la Delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social. Sin embargo, indicó que no recibió respuesta.

En consecuencia, la entidad anunció que activará todos los mecanismos dentro de su competencia cuando advierta riesgos de vulneración o interrupción del derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad.

El objetivo es prevenir afectaciones durante el proceso de transición y asegurar que la prestación del servicio mantenga continuidad y oportunidad.

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