Gobierno decretó emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos

El Gobierno nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del norte y noroeste del país tras una crisis hidrometeorológica que deja más de 687.000 personas afectadas por inundaciones y daños en viviendas e infraestructura.

La medida quedó establecida en el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026. La decisión regirá durante 30 días calendario en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó.

Según el Ejecutivo, las lluvias superan el 180 % del promedio histórico en varias zonas. Esta situación genera desbordamientos de ríos, crecientes súbitas y afectaciones en servicios públicos.

El balance preliminar reporta al menos 14 personas fallecidas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 50.000 familias damnificadas por la temporada invernal.

Además, las autoridades advierten que la magnitud de la emergencia desborda los recursos ordinarios disponibles para atender la calamidad pública.

Alcance de la medida

La emergencia económica, social y ecológica permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar la contingencia.

Entre las acciones previstas figuran transferencias monetarias directas y mecanismos de financiamiento para la reconstrucción.

Asimismo, el Gobierno podrá realizar ajustes en sectores como energía, vivienda y agua potable con el fin de garantizar atención inmediata en las zonas afectadas.

El decreto también establece que, una vez finalice el periodo de excepción, el Congreso deberá reunirse dentro de los diez días siguientes para ejercer control político sobre las decisiones adoptadas.

En el ámbito regional, autoridades locales insisten en la necesidad de acelerar la ayuda humanitaria y los procesos de reconstrucción.

Varias comunidades enfrentan daños en vías y afectaciones en actividades productivas.

El sector ganadero reporta pérdidas en cerca de 300.000 hectáreas, lo que impacta la economía de las zonas rurales. Además, algunas hidroeléctricas permanecen bajo alerta por el aumento de caudales.

La declaratoria genera posiciones divididas. El Gobierno defiende la medida como una respuesta técnica y urgente ante un fenómeno climático extraordinario.

Por su parte, expertos reconocen la gravedad del desastre y consideran que el sustento resulta más sólido que en decretos anteriores. Sin embargo, advierten sobre el alcance de las facultades extraordinarias y el manejo de los recursos.

Algunos gremios empresariales cuestionan propuestas asociadas, como un eventual aumento del impuesto al patrimonio para grandes empresas, al considerar que podría afectar la inversión y el crecimiento.

Desde la oposición, sectores políticos señalan una reiteración en el uso de estados de excepción durante la actual administración.

En diciembre de 2025, otra declaratoria enfrentó cuestionamientos ante la Corte Constitucional.

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