¿Qué cambiaría en las protestas en Colombia? Así funcionaría el nuevo decreto sobre intervención policial y bloqueos

El proyecto de decreto sobre las protestas en Colombia plantea cambios en la intervención de la Policía, el manejo de bloqueos de vías y los mecanismos de diálogo con los manifestantes.

La iniciativa del Gobierno de De la Espriella busca modificar el Decreto 003 de 2021, que regula la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas.

El documento estuvo disponible para comentarios ciudadanos hasta el 4 de octubre de 2026 y establece procedimientos para proteger los derechos de quienes protestan y de quienes no participan en las movilizaciones.

Uno de los cambios consiste en permitir que la Fuerza Pública intervenga contra personas que cometan actos de violencia sin esperar a que terminen todas las etapas de diálogo.

Esta disposición contempla situaciones como agresiones contra ciudadanos, uso de armas, retención de personas y ataques contra infraestructura pública o privada.

El proyecto establece que estas actuaciones deben dirigirse contra los responsables de los hechos, mientras las autoridades mantienen la comunicación con los manifestantes pacíficos.

Intervención y bloqueos

El proyecto de decreto sobre las protestas en Colombia incorpora el principio de equilibrio constitucional, según el cual las autoridades deberán proteger el derecho a manifestarse sin desconocer otros derechos fundamentales.

Entre ellos figuran la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación y el acceso a servicios públicos.

El documento señala que ningún derecho puede ejercerse de manera que impida completamente el ejercicio de otros y mantiene las garantías para las manifestaciones pacíficas.

Otro aspecto corresponde al tratamiento de los bloqueos de vías. La propuesta distingue entre obstrucciones temporales, intermitentes, prolongadas y aquellas que comprometen infraestructura crítica.

También establece que un bloqueo no convierte automáticamente una protesta en violenta.

Para evaluar una intervención, las autoridades deberán considerar la duración de la obstrucción, las rutas disponibles, el paso de vehículos de emergencia y las afectaciones al abastecimiento, los servicios esenciales y las actividades económicas.

Además, el texto contempla la habilitación de corredores solidarios para garantizar el tránsito de ambulancias, organismos de socorro, personas con discapacidad, adultos mayores y vehículos que transporten medicamentos o alimentos.

Las alcaldías y gobernaciones también deberán disponer de planes de movilidad alternativa con rutas, desvíos y mecanismos de información ciudadana.

Estas medidas forman parte de las obligaciones institucionales previstas para atender las consecuencias de las manifestaciones.

Alertas y coordinación

El proyecto de decreto sobre las protestas en Colombia también propone un sistema de alertas tempranas para identificar conflictos sociales antes de que se desarrollen las movilizaciones.

El Ministerio del Interior administraría este mecanismo mediante el Sistema Nacional de Gestión de Conflictos Sociales y Diálogo Social, SINGESC.

Cuando se active una alerta, las autoridades territoriales deberán instalar una mesa de diálogo dentro de los cinco días hábiles siguientes y registrar los compromisos adquiridos.

La propuesta modifica, además, el funcionamiento de los Puestos de Mando Unificados, encargados de coordinar las actuaciones antes, durante y después de las protestas.

Estas instancias deberán documentar las decisiones, verificar las condiciones de intervención y coordinar la atención de personas afectadas.

El documento también contempla equipos mixtos de diálogo y mantiene restricciones sobre el uso de armas de fuego durante las manifestaciones.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la iniciativa al señalar que busca equilibrar los derechos constitucionales.

Asocapitales respaldó la propuesta, mientras congresistas de izquierda cuestionaron sus posibles efectos sobre la protesta social.

También surgieron discusiones sobre la competencia del Congreso para regular esta materia.

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