Impuesto al patrimonio puede costarle a Colombia su competitividad

El Decreto 0173 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Económica, Ecológica y Social, establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

Esta medida, que busca fortalecer el recaudo fiscal, ha desatado una ola de críticas desde diversos sectores económicos y analíticos por sus posibles efectos adversos sobre la inversión y la competitividad del país.

Según el más reciente análisis del equipo económico de Anif, el nuevo gravamen representa una carga adicional especialmente preocupante en un contexto de baja inversión y crecimiento débil.

El decreto impone una tarifa general del 0,5% sobre el patrimonio líquido para empresas con más de 200.000 UVT (unos $10.475 millones), pero establece una tarifa diferencial del 1,6% para sectores estratégicos como el financiero y el extractivo. Se excluyen ciertos sectores como salud y servicios públicos domiciliarios en zonas vulnerables.

Recaudo estimado: una apuesta de corto plazo

Con base en información empresarial recopilada de la plataforma Emis, Anif proyecta que este nuevo impuesto podría generar un recaudo de hasta $6,3 billones.

De este total, cerca del 65% (unos $4,1 billones) provendría de sectores sujetos a la tarifa del 1,6%, principalmente petróleo, bancos comerciales, seguros e intermediación financiera.

El restante 35% provendría de sectores con la tarifa general, entre ellos la industria, comercio, agro, transporte y tecnología.

Si bien esta cifra puede ser significativa para el balance fiscal en el corto plazo, el análisis advierte que el costo económico de largo plazo puede ser mucho mayor.

La razón es sencilla: este tipo de impuestos desincentiva la acumulación de capital, encarece la operación de las empresas y debilita la competitividad frente a otras economías que no aplican cargas similares.

Un impuesto poco común y altamente riesgoso

Solo cinco países en el mundo —Suiza, Venezuela, Argentina, Luxemburgo y Noruega— mantienen alguna forma de impuesto al patrimonio empresarial.

En todos los casos, las tarifas son inferiores al 1% y tienen un carácter muy focalizado. Colombia, con este nuevo esquema, se aleja de las buenas prácticas internacionales al establecer una carga más alta y menos acotada.

El problema no es solo la tarifa, sino el mensaje que envía a los inversionistas. En momentos en los que las economías emergentes compiten intensamente por atraer capital productivo, medidas como esta transmiten señales de incertidumbre tributaria y pueden generar desinversión o reubicación de proyectos hacia países con entornos fiscales más favorables.

¿Más recaudo, menos inversión?

La preocupación de fondo radica en el contexto macroeconómico actual. La inversión en Colombia atraviesa una crisis estructural.

La formación bruta de capital fijo, indicador clave del dinamismo productivo, pasó de representar el 24% del PIB en 2015 a apenas el 16% en 2025.

Esta caída es sintomática de un entorno que no promueve la creación de nuevos activos, ni de expansión empresarial, ni de generación de empleo de calidad.

Desde ANIF se enfatiza que Colombia necesita avanzar hacia políticas que promuevan justamente lo contrario: la inversión, el emprendimiento y la sofisticación productiva.

El nuevo impuesto, en vez de resolver problemas estructurales, puede profundizar la desaceleración de sectores clave y reducir aún más la capacidad del país para crecer sostenidamente.

Sectores más afectados

Entre los más impactados por la medida están el sector financiero, el petrolero, los fideicomisos, las aseguradoras y las entidades de intermediación cambiaria.

Estos sectores, sujetos a la tarifa del 1,6%, concentran gran parte del capital empresarial del país. Penalizarlos con una carga adicional puede tener efectos colaterales: incremento en los costos de crédito, menor inversión en infraestructura energética y financiera, y reducción en la competitividad exportadora.

Además, el impuesto podría traducirse en menores dividendos para accionistas, menores reinversiones y reducción en la capacidad de expansión de grandes firmas nacionales e internacionales asentadas en Colombia.

Alternativas ausentes

Si bien el Gobierno ha justificado la medida como parte de una estrategia de emergencia para asegurar recursos fiscales, el análisis de ANIF sugiere que existen alternativas más sostenibles.

Entre ellas, mejorar la eficiencia del gasto público, combatir la evasión fiscal y diseñar incentivos tributarios que estimulen la inversión en sectores estratégicos como tecnología, infraestructura y energía limpia.

Asimismo, se insiste en la necesidad de un sistema tributario predecible y competitivo, que brinde confianza a los inversionistas y claridad jurídica a largo plazo.

La creación de impuestos temporales, de aplicación generalizada, y en momentos de fragilidad económica, podría terminar siendo contraproducente.

El impuesto al patrimonio empresarial puede representar un alivio fiscal en el corto plazo, pero con un costo elevado para la economía real. Colombia necesita más inversión, más empleo formal y mayor sofisticación productiva.

Penalizar el capital con medidas como esta puede ser un obstáculo más en el camino hacia un desarrollo sostenible e incluyente.

Las decisiones fiscales no pueden aislarse del contexto económico ni del impacto que generan en las decisiones de inversión.

Por eso, el llamado de los expertos es claro: se necesita una reforma estructural de largo plazo, no un parche de emergencia que ahuyente al capital.

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