Inflación y salario mínimo: la tormenta que desafía la estabilidad económica de fin de año

Colombia entra al último tramo de 2025 con un escenario económico tensionado: la inflación volvió a subir, el déficit fiscal alcanzó uno de sus niveles más altos en décadas y el país se prepara para una de las negociaciones más sensibles del año: la del salario mínimo de 2026.

En conjunto, estos factores configuran una tormenta que amenaza con frenar la senda de recuperación y presiona la política monetaria del Banco de la República.

Según el Dane, la inflación anual llegó a 5,51 % en octubre, acumulando cuatro meses consecutivos de incremento, tras haber tocado su punto más bajo en junio (4,82 %).

Las cifras, apenas por encima de las expectativas del mercado (5,47 %), encendieron las alarmas de los analistas.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, lo resumió así: “Las cifras de inflación no han sido buenas en los últimos cuatro meses. Este repunte es uno de los factores que ha evitado que el Banco de la República reduzca su tasa de interés”.

La tasa de referencia del banco central se mantiene en 9,25 %, y Mejía anticipa que “probablemente tampoco se reducirá en la última reunión del año”, pues la inflación se ha resistido a converger al rango meta.

De acuerdo con sus estimaciones, “vamos a terminar 2025 con una inflación superior al 5 %”, un nivel aún elevado frente al objetivo del 3 %.

Presiones fiscales y efecto del gasto público

Una de las principales causas del repunte inflacionario, según Fedesarrollo, es el déficit fiscal, que cerraría el año en 7,5 % del PIB, el segundo más alto de la historia reciente del país. “Cuando el gobierno tiene un gasto muy grande, eso genera un aumento de la demanda agregada y presiona la inflación”, explicó Mejía.

El gasto público expansivo, combinado con programas sociales y subsidios generalizados, ha mantenido viva la demanda interna, pero a costa de una mayor presión sobre las cuentas del Estado.

El problema es que este déficit reduce el espacio fiscal para nuevas políticas contracíclicas y dificulta el cumplimiento de la regla fiscal, en un contexto de menor crecimiento económico y alta deuda pública.

El salario mínimo, un detonante adicional

En paralelo, la discusión sobre el aumento del salario mínimo introduce un nuevo foco de tensión. El reciente informe de Anif advierte que un incremento desproporcionado del salario básico podría agravar tanto las presiones inflacionarias como el desbalance fiscal.

Según sus cálculos, cada punto porcentual adicional por encima del aumento real de la productividad representa un sobrecosto fiscal de 0,24 billones de pesos solo en el régimen de prima media de pensiones.

Con una inflación esperada del 5,34% y un crecimiento de la productividad laboral del 2,2 %, la fórmula técnica sugiere un aumento de referencia del 7,5%.

Sin embargo, si la negociación empuja la cifra hacia el 10 %, el impacto fiscal ascendería a 1,12 billones de pesos, además de los efectos sobre la formalidad laboral.

El problema es estructural: en Colombia, cerca del 70 % de las pensiones están indexadas al salario mínimo, por lo que cada ajuste significativo incrementa el gasto del Estado automáticamente.

A esto se suma el riesgo de que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, respondan al mayor costo laboral reduciendo contratación formal o trasladando precios al consumidor.

Un banco central en equilibrio inestable

El Banco de la República enfrenta, así, un equilibrio complejo. Si baja las tasas demasiado rápido, arriesga un nuevo repunte inflacionario; si las mantiene altas por más tiempo, puede prolongar la desaceleración del crédito y del consumo.

Mejía defendió la independencia del emisor frente a las críticas: “Si el Banco hubiese bajado más rápido sus tasas, la inflación no estaría en 5,51 %, sino probablemente más alta. El banco tomó la decisión correcta al actuar con cautela”.

El componente externo tampoco ha sido neutral. Cerca del 25 % de la canasta familiar es importada, y la apreciación del dólar (12 % en 2025) ha contenido parcialmente las presiones, pero el encarecimiento de los insumos energéticos podría revertir esa tendencia. “Si el dólar no se hubiera apreciado, la inflación estaría mucho más alta”, señaló el director de Fedesarrollo.

El riesgo energético: precios del gas en ascenso

Otro factor que preocupa a los analistas es el aumento proyectado en los precios del gas natural, que podría superar el 40 % en ciudades como Bogotá, según un estudio citado por Mejía.

La reducción de la oferta doméstica y el crecimiento de la demanda obligarán al país a importar más gas, lo que impactará directamente los costos de energía para hogares e industrias.

El diagnóstico es preocupante: “Si el país no abre rápidamente nuevos contratos de exploración, la mitad del gas tendrá que ser importado”, advirtió Mejía.

Esto, junto con los mayores impuestos introducidos por la reforma tributaria de 2022 sobre las utilidades del sector energético, ha reducido la rentabilidad de los proyectos y desincentivado la inversión.

En este contexto, la posibilidad de subsidios focalizados para mitigar el golpe a los consumidores de bajos ingresos es cada vez más probable, aunque con un costo adicional para las finanzas públicas. “Ya no se puede evitar completamente el efecto”, reconoció Mejía, subrayando la necesidad de repensar la política energética y revertir la visión fiscalista que ha limitado la exploración.

Un cierre de año con dilemas cruzados

La combinación de inflación persistente, gasto público elevado y presiones salariales deja al Gobierno ante una encrucijada: cómo equilibrar las demandas sociales sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

Mientras Fedesarrollo advierte sobre los riesgos de un gasto sin control, Anif insiste en la necesidad de moderación en el ajuste salarial y de una política fiscal responsable.

Colombia enfrenta, así, un cierre de año en el que las decisiones económicas —sobre tasas, gasto y salario mínimo— definirán la trayectoria de 2026.

Si el Gobierno logra preservar el equilibrio, podría consolidar una senda de desinflación gradual; si cede a las presiones políticas, el país podría entrar en un nuevo ciclo de inflación alta, menor inversión y más informalidad.

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